Una de las primeras decisiones que tomó Isabel Díaz Ayuso cuando se puso al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid fue luchar contra la ocupación ilegal de viviendas en la región. En octubre de 2019, la Administración regional y el Ayuntamiento de la capital constituyeron la Mesa de Vivienda y Okupación para reducir el número de inmuebles usurpados a sus dueños, que entonces se cifró en unos 5.000. 

Desde entonces, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha diferentes iniciativas, como la puesta en marcha de una línea de teléfono para dar avisos de ocupaciones, que comenzó a trabajar el pasado verano. Este jueves, desde la Asamblea, Díaz Ayuso ha anunciado otra medida más relacionado con la ocupación.

En este caso, no tiene tanto que ver con la lucha contra este delito como con la ayuda a los propietarios de inmuebles que la sufren. La presidenta madrileña ha anunciado que ha tomado la decisión de que el Canal de Isabel II, que es una empresa pública, no cobre la factura del agua a los dueños de pisos o casas que estén ocupadas de forma ilegal.

"Vamos a seguir desplegando una batería de medidas para ayudar a las víctimas de la ocupación", ha señalado la líder del Ejecutivo regional, para insistir en su política frente a este fenómeno. "El Gobierno de la Comunidad de Madrid está absolutamente en contra de la ocupación porque es un delito", ha remarcado

Díaz Ayuso ha añadido que, además de la orden dada al Canal de Isabel II, tratará de que se tomen decisiones en el mismo sentido con la luz y el gas. Estos suministros no dependen de la Comunidad, por lo que la presidenta ha afirmado que lo va a hacer es instar a los suministradores de luz y gas a que sigan su ejemplo para "aliviar" a los propietarios víctimas de la ocupación.

En este sentido, la Comunidad también contempla ofrecer una vivienda a los dueños de viviendas que no tengan una alternativa habitacional. Sería una solución de carácter temporal mientras se resuelve el procedimiento de usurpación de sus inmuebles, según se ha precisado desde el Ejecutivo del PP. 

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"La ocupación, el comercio ilegal y la inseguridad ciudadana lastran la economía, el empleo y el turismo", ha asegurado Díaz Ayuso este jueves. "No nos lo podemos permitir, porque aquí no sobra nadie, ni las personas con patrimonio ni los turistas, ni las personas que crean puestos de trabajo", ha añadido.

La líder del Ejecutivo ha indicado que en la región actualmente tienen contabilizadas en torno a 4.300 viviendas afectadas por la ocupación ilegal. Comparando esta cifra con la ofrecida por la Comunidad en octubre de 2019 se desprende que en los últimos tres años se han recuperado en torno a 700 pisos y casas que estaban ocupados ilegalmente. 

Según los datos más recientes ofrecidos por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, desde que a mediados del pasado mes de julio se puso en marcha la línea específica del teléfono 112 para comunicar posibles casos de ocupaciones, se han recibido casi 800 llamadas en esta línea.

"Para acabar, o por lo menos minimizar, el impacto de la ocupación hacen falta varias cosas", señaló el consejero Enrique López este lunes en una entrevista con 20minutos. "La primera es que una parte del Gobierno de España deje de banalizar la ocupación. La segunda es reformar la ley, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que haya un castigo más severo, sobre todo los casos de usurpación de vivienda. ¿Para qué? Para que se produzca la devolución de la vivienda, siempre que se realice una ocupación en un plazo no superior a 48 horas", añadió. 

El responsable autonómico de Presidencia, Justicia e Interior también aseguró que sería necesario cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para que esta prevea acciones para que los copropietarios puedan expulsar a un ocupante ilegal que provoque problemas de convivencia.

Petición de Vox

La medida anunciada por Isabel Díaz Ayuso este jueves llega unos días después de que Vox registrara una petición en este sentido en la Asamblea regional. "Los problemas de ocupación se han cronificado en estos últimos años y son miles las familias madrileñas afectadas. Consideramos por ello que desde la Comunidad Autónoma de Madrid se pueden adoptar medidas que alivien el mal trago que supone convivir con esta situación que lleva a muchas familias a la desesperación", constaba en el texto de la iniciativa presentada por el grupo parlamentario que lidera Rocío Monasterio.

Este partido ha considerado que el PP ha hecho suya su propuesta, tal y como ha manifestado este jueves el diputado José Luis Ruiz Bartolomé en las redes sociales tras conocerse el anuncio de Díaz Ayuso durante la sesión de control. "Gracias, presidenta, por atender la petición de Vox", ha compartido en sus redes. 

Vox propone que la suspensión del cobro de recibos por parte del Canal de Isabel II se mantenga "en tanto en cuanto no recuperen la plena posesión de su bien".