José Manuel y María José López perdieron el 19 de mayo de 2021 a su hija Kira, de 15 años, al suicidarse como consecuencia del acoso escolar. En el primer aniversario de su muerte iniciaron en Change.org una petición de una Ley Contra el Acoso Escolar. Ahora, la familia pretende reunirse con el presidente de España, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación, Pilar Alegría, con el fin de entregar las más de 225.000 firmas recogidas y hablar de la propuesta, según han trasladado en una carta enviada al Gobierno y a la que ha tenido acceso 20minutos.

"Estimado Sr. Presidente: Somos los padres de Kira, la alumna del colegio Manyanet Sant Andreu de Barcelona que se suicidó el pasado 19 de mayo de 2021 después de haber sido víctima de acoso escolar y otras violencias de adulto a menor que fueron denunciadas al centro, pero por las que jamás activaron ningún protocolo", empieza diciendo la carta.

En ella, los padres de Kira solicitan al Gobierno una reunión para el próximo 3 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. En este encuentro, la familia quiere poner en evidencia "la preocupación de miles de familias" ante un problema social que, tal como indican, tiene "consecuencias devastadoras para los menores" y "carece del soporte legal necesario".

Para ello, quieren trasladar a los representantes los tres puntos principales en los que se basaría la ley que proponen: la prevención, la acción y la reparación.

¿Qué está acabando con la autoestima de nuestros hijos y haciendo que muchos de ellos no vean otra salida que quitarse la vida?

"Nuestra hija tuvo que morir para que las instituciones educativas pudieran comprobar la inacción e incluso maltrato por parte del centro pero, a pesar de las evidencias, los responsables del Manyanet siguen impunes a fecha de hoy", aseguran los progenitores en el escrito, explicando que el hecho de que no haya consecuencias si las violencias ocurren en un centro escolar supone "una clara vulneración de los derechos de los menores".

Por esta razón consideran imprescindible la creación "urgente" de una ley que proteja "de forma real y eficaz" a los menores del bullying: "Dar la espalda a esta grave situación seguirá costando vidas de inocentes y destruyendo familias". De esta manera, recuerdan que en el inicio de este curso escolar ya se han contemplado nuevos intentos de suicidio y denuncias de acoso escolar.

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"También hemos conocido las terribles cifras que nos sitúan como el país de Europa a la cabeza del acoso escolar y con el suicidio como la principal causa de muerte infanto-juvenil", añaden para luego preguntarse: "¿Qué ha fallado?". "¿Qué está acabando con la autoestima de nuestros hijos y haciendo que muchos de ellos no vean otra salida que quitarse la vida?" se siguen cuestionando, alegando que la situación no mejora a pesar de las "décadas de sensibilización" y todos los protocolos elaborados.

Por otro lado, agradecen que las instituciones catalanas les hayan escuchado y hayan tomado medidas al respecto, tanto para el caso de su hija como a nivel regional. También reconocen la figura del 'coordinador de bienestar y protección' que ha impulsado el gobierno central, aunque consideran que su éxito solo será posible si esta función la realiza "alguien externo al centro educativo, que no incurra en conflicto de intereses, y que tenga la formación adecuada y dedicación exclusiva". 

Cuando un menor se suicida no quiere morir, solo quiere dejar de sufrir

Como ejemplo, explican que, en el colegio de Kira, uno de los docentes que ocupa ese puesto es el mismo que se "encerró a solas" con su hija durante dos tardes y que la "amenazó si contaba algo". Y es que, pese a los intentos de las autoridades de apartar a ese profesor, el colegio se ha negado argumentando que son los" titulares del centro" y que esa decisión "solo les compete a ellos". "¿Quién protege a los menores en estos casos? ¿Qué ley les ampara? ¿Debemos asumir que la violencia hacia menores en centros escolares sale gratis?", vuelven a preguntarse los padres.

Asimismo, señalan que las familias no tienen ninguna "garantía de justicia y reparación" cuando un hijo se suicida o sufre bullying, puesto que, como apuntan, el acoso escolar no es delito en este país y la "comisión por omisión o inacción de los docentes parece no aplicarse a centros escolares". A su juicio, esto crea cierta "impunidad" y "falta de consecuencias" que se convierten en una excusa para que algunos centros miren para otro lado.

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"Cuando un menor se suicida no quiere morir, solo quiere dejar de sufrir. Un sistema sin justicia y sin consecuencias para los victimarios y quienes miran para otro lado se convierte en frustración y falta de esperanza para la víctima, que muchas veces no ve otra salida que 'dejar de sufrir' y quitarse la vida", agregan los padres de Kira.

José Manuel y María José insisten en que "aumentar la formación" y "mejorar los protocolos" está "muy bien", pero que no sirve de nada si no hay un sistema garante detrás. "Esta ley puede salvar vidas y ayudar a las víctimas a convertirse en supervivientes. Hacer borrón y cuenta nueva sin tener en cuenta a las víctimas y su necesidad de reparación es insuficiente y vulnera sus derechos", declaran, explicando que solo con una ley eficaz se pueden transformar los centros educativos en lugares realmente seguros para los menores.