Hacienda propone subir el sueldo de los funcionarios un 2,5% en 2023; un 2% en 2024 y una compensación del 1,5% para este año

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
EFE

El Ministerio de Hacienda ha propuesto a los sindicatos una subida salarial a los funcionarios del 8% hasta 2024. Esta actualización estaría dividida en tres tramos: una subida extra del 1,5% para 2022 que se sumaría al 2% que se aprobó el año pasado, un 2,5% para 2023 y finalmente un 2% en 2024. Así lo han confirmado a 20minutos fuentes sindicales presentes en la mesa de negociación de Función Pública, en la que Ejecutivo y sindicatos están discutiendo las subidas. 

Además, Hacienda ha puesto sobre la mesa la posibilidad de recuperar la jornada de 35 horas semanales (actualmente los funcionarios hacen 37,5) y otras medidas menos específicas relacionadas con la incapacidad temporal o la digitalización. 

Tras un receso en la reunión, los sindicatos han valorado positivamente el encuentro con Hacienda, pero han pedido el Gobierno un "esfuerzo adicional" para compensar la pérdida de poder adquisitivo que afrontan los funcionarios. Desde Comisiones Obreras, Humberto Muñoz, coordinador del Área Pública del sindicato, ha pedido al Ejecutivo que amplíe las subidas salariales a un rango de entre el 9,5 y el 10%, repartidas entre 2022, 2023 y 2024 y con efectos retroactivos hasta enero de 2022. "Falta concretar la propuesta, las cláusulas y cómo se distribuye" la subida, ha agregado Muñoz, que ha pedido al Ejecutivo que sea más concreto en las medidas. 

Desde UGT han sido más contundentes y han rechazado una propuesta que les parece "claramente insuficiente". "Estaríamos satisfechos si al menos el 2023 tuviera el mismo tratamiento que 2022", ha afirmado Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos, a la salida de la reunión. "Para nosotros lo más importante es alcanzar un acuerdo que amortigüe lo más posible las consecuencias de la inflación. Sabiendo que no vamos a ir de ninguna manera a la inflación real", ha agregado. Cláusulas de revisión. 

Finalmente, CSIF, la central mayoritaria entre los funcionarios, ha celebrado "haber doblado el brazo del Gobierno" para sentarlo a la mesa a negociar, pero también ha rechazado las cifras que ofrece el Gobierno al considerarlas "muy insuficientes" en los tres años de horizonte. 

Los sindicatos llevaban semanas presionando para que Hacienda reuniera la mesa de negociación e incluso se llegaron a convocar movilizaciones el fin de semana pasado impulsadas por la central CSIF, mayoritaria entre los empleados públicos. Desde este sindicato calculan que los sueldos de los funcionarios se habrían devaluado un 20% desde 2010 por el aumento de la inflación.

Esta misma mañana, los secretarios generales de las dos grandes centrales sindicales españolas, UGT y CC OO pedían un paso adelante al Ejecutivo. Desde UGT, Pepe Álvarez sostuvo que el aumento salarial que se aprobó en los presupuestos para 2022 (un 2%) "es ridículo para la situación de inflación en la que estamos". "Esperamos que, en un plazo muy breve de tiempo, podamos tener algún acuerdo que nos permita en la medida de lo posible la pérdida de poder de los empleados públicos.", señalaba. Por su parte, Unai Sordo de CC OO exigía "una recuperación intensa" en el poder adquisitivo de los funcionarios en el acuerdo.

Evolución de la inflación promedio cada año y el incremento salarial que se aplicó a los funcionarios.
Evolución de la inflación promedio cada año y el incremento salarial que se aplicó a los funcionarios.
Henar de Pedro

En España hay 2,7 millones de empleados públicos, de los cuales 1,4 millones son funcionarios, según el último boletín estadístico que publica Hacienda. En total, las administraciones destinaron 147.363 millones a pagar nóminas. La mayor parte corrió de parte de las comunidades autónomas (91.738 millones), seguida por las administraciones locales (26.277 millones), la administración central (26.599 millones) y la Seguridad Social (2.749 millones). Haciendo un cálculo aproximado, subir los salarios públicos un 3,5% supondría un gasto adicional de 5.158 millones de euros.

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