El empresario Alberto Luceño, investigado junto a Luis Medina por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en el caso mascarillas, tenía en su casa una placa en la que ponía "agente de la autoridad" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y varias impresiones de imágenes de tarjetas del CNI, Policía y Defensa.

Así se detalla en el acta de registro del domicilio de Luceño, practicado el 22 de septiembre por orden del juez Aldolfo Carretero. La Fiscalía Anticorrupción solicitó esta diligencia porque consideraba necesario analizar los ordenadores y los teléfonos del empresario para aclarar si los correos supuestamente enviados al juzgado por una persona que dice llamarse San Chin Choon no son reales.

San Chin Choon es el empresario de Malasia, dueño de la empresa Leno, al que Luceño y Medina compraron el material sanitario para el Consistorio en marzo de 2020. Por esa compra, el Ejecutivo local pagó 11,9 millones de dólares y los dos empresarios se embolsaron una comisión de seis.

El juzgado recibió en julio un correo enviado supuestamente por el empresario malasio en el que certificaba que los dos empresarios investigados eran agentes exclusivos suyos y que el precio habría sido el mismo sin ellos.

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Pero el fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol expuso en septiembre al juez, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, la necesidad de intervenir las comunicaciones de Luceño para ver los mensajes que intercambió con Leno. El objetivo era aclarar cuestiones como si realmente él y Medina eran agentes exclusivos de esta empresa, cómo se determinaron las comisiones y, sobre todo, si "Luceño tergiversó esos datos en sus comunicaciones con el Ayuntamiento de Madrid".

El fiscal duda del correo enviado presuntamente por San Chin Choon que "presenta varias incorrecciones gramaticales que evidencian que ha sido redactado por alguien que no solo no habla correctamente el inglés, sino que tiene el español como lengua materna".

Una vez admitida por el juez esta petición, y después de que se abriera una pieza separada secreta dentro del proceso conocido, los agentes de Ciberdelincuencia entraron en la vivienda de Luceño y esperaron a que llegase ya que inicialmente solo estaban sus dos hijos. En el minucioso registro, el empresario les facilitó las claves para acceder al ordenador.

Los agentes no pudieron acceder a uno de los ordenadores y se lo llevaron del domicilio. Tras este registro fueron a la sede de la empresa Takamaka Invest, de la que también se extrajo información de documentos y de ordenadores.