El Gobierno valenciano que preside Ximo Puig está derivando a personas con enfermedad mental grave a otras comunidades ante la falta de plazas en viviendas tuteladas de la Comunitat. En concreto, se trata de pacientes graves que tienen patología dual o comportamientos agresivos extremos. Según admiten fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, estas personas requieren "un trato especializado", por lo que sus familias, junto a la propia Administración, eligen recursos que se ubican en Málaga, Lleida y Murcia. Según el PP, los "recortes" están generando esta situación, por lo que ha pedido la comparecencia en Les Corts de la vicepresidenta y titular de Igualdad, Aitana Mas.

Sin embargo, para la Conselleria "no hay embudo", ya que las derivaciones "siempre se han hecho" y no afectan al grueso de los casos, sino a los perfiles citados, apuntan estas fuentes. Según sus datos, en 2015 había en la Comunitat 118 plazas en pisos tutelados para personas con enfermedad mental, frente a las 210 del presente año. "El mayor recorte en salud mental se dio entre 2009 y 2015", añaden. Como posible solución aluden a una futura ampliación del Plan Convivint, destinado inicialmente a la construcción de centros sociales.

Los pisos tutelados son recursos alternativos al ingreso en un centro residencial en los que los pacientes con enfermedad mental son supervisados por profesionales sociosanitarios y educadores desde una perspectiva más enfocada hacia su inclusión social. La presidenta de la asociación ASIEM, Victoria Aguilar, afirma que se trata de un servicio "muy necesario", aunque en la Comunitat Valenciana hay "muy pocas". Según explica, la atención en el sistema sanitario funciona, ya que desde Atención Primaria se deriva a hospitales y a los servicios de Psiquiatría. "El problema viene en el seguimiento del tratamiento", expone.

En este sentido, apunta que su preocupación "es la de siempre, la falta de recursos" y la "incapacidad de poder atender a todas las personas" con enfermedad mental grave para que puedan seguir adecuadamente sus tratamientos. Además, la supervisión de este tipo de pacientes es prácticamente las 24 horas, lo que obliga a invertir en personal cualificado.

La portavoz adjunta del PP en Les Corts y vicesecretaria de Política Social del partido, Elena Bastidas, denuncia que la falta de un plan de salud mental y los "recortes" están generando que "muchos pacientes tengan que ser derivados a otras comunidades por falta de plazas para ser atendidos en la Comunitat Valenciana". Por ello, su grupo ha solicitado la comparecencia en la Cámara de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas.

Además, Bastidas reclama un plan de choque para que estas personas sean atendidas en buenas condiciones y con rapidez, "sin demora, como está ocurriendo en estos momentos". Ante esta situación, su juicio, es urgente reforzar las plantillas de profesionales de atención a la salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos clínicos y enfermeras especialistas, incluyendo las atenciones de respuesta inmediata en las unidades SAMU.

"Es lamentable que existan hospitales en la Comunitat Valenciana en la que la demora para la primera cita pueda llegar hasta los seis meses, y la saturación de las viviendas tuteladas", criticó la diputada popular. De hecho, asegura que esta situación está causando "un problema muy grave para muchas familias e incluso muchos enfermos que acaban viviendo en la calle", añadió.

La diputada Mónica Álvaro, de Compromís (que dirige la Conselleria) también reconoce la derivación actual de personas con enfermedad mental a otras autonomías, pero replica que Bastidas "miente descaradamente al hablar de recortes en salud mental" al referirse al Botànic. "Se tiene que tener muy poca vergüenza para hacer esas declaraciones cuando fueron los gobiernos del PP son los que aplicaron recortes brutales en la atención a personas con problemas mentales, dentro de su estrategia de deterioro de todos los servicios públicos", señala.

En ese sentido, recrimina que la diputada del PP "mezcla cuestiones competencialmente diferentes, la atención sanitaria a los problemas de salud mental y la atención asistencial, intentando cuadrar un discurso que no es cierto". Desde Compromís se asume que "todavía queda mucho camino por recorrer, sobre todo en la línea de coordinación de la atención sanitaria con la social", pero destaca aspectos como la implementación de la Estrategia de Salud Mental 2016-2020 "y en ese marco los programas que mejoran la atención de personas con problemas de salud mental grave".