La patronal empresarial española rechaza de plano el impuesto a los beneficios extraordinarios a los grandes bancos que el Gobierno llevará esta semana al Congreso. Desde el servicio de estudios económicos de la CEOE, el IEE, han presentado este lunes un informe en el que denuncian que la medida es inconstitucional, contraria al derecho de la UE y que causaría un "daño irreparable" al Estado de derecho si se aprueba tal y como está planteado. Además, defienden que si entra en vigor frenaría la economía y destruiría puestos de trabajo.

El documento lo firman seis catedráticos de universidad especializados en derecho financiero, tributario y hacienda pública. En él, señalan, además, "graves defectos técnicos", niegan que existan pruebas de que las entidades de crédito se han beneficiado de las subidas de precios y consideran que las sanciones por repercutirlo a los clientes (una multa del 150% de lo repercutido) son desproporcionadas y contrarias a la libertad de empresa.

Para la patronal, la retroactividad del impuesto es ilegal -arguyen que se toma como referencia los ingresos de 2019 para calcularlo- y "puede convertirse en un generoso semillero de litigios judiciales". Hasta el punto de que consideran que, si se aprueba en los términos previstos, "probablemente terminará con su declaración de inconstitucionalidad por atentar contra los principios constitucionales de seguridad jurídica y los principios tributarios de generalidad, igualdad y capacidad económica".

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Otro de los reproches que hacen los empresarios es que la medida "altera el régimen de financiación de las autonomías", dado que las dejaría fuera "de la recaudación que pueda obtenerse".  Tampoco consideran legal que el gravamen no se pueda deducir del Impuesto de Sociedades y ven arbitrario que solo estén sujetas a él las entidades con más de 800 millones de euros de facturación. De igual manera, la CEOE considera que la medida discrimina a las entidades de crédito nacionales, dado que el tributo supone una "ventaja competitiva" para los bancos de otros países.

También rechazan el concepto de "beneficios extraordinarios", que consideran "deficiente" y "contradictorio". En este sentido, el documento señala que en que el Gobierno no aporta datos que demuestren que la banca se haya beneficiado (o pueda llegar a hacerlo) de las subidas de precios, por lo que no se podría basar en este argumento "la necesidad de minorar beneficios". En la misma línea, los empresarios rechazan que la figura busque compensar los costes públicos de los rescates a la banca tras la gran crisis financiera de 2008. Un rescate que, opinan, "se realizó en beneficio de la economía española en general".

Daños a la economía

Tampoco le parece a la CEOE que el tributo pueda contribuir a un posible pacto de rentas entre los agentes económicos, algo "que no se define en absoluto", en el articulado de la norma, arguyen. De hecho, los empresarios creen que la puesta en marcha del impuesto (y también el gravamen a las energéticas) dañará la economía y el empleo.

"Se debe tener presente que los sectores sobre los que recaen los gravámenes (financiero y energético) son fundamentales dentro de una economía, por lo que incrementar las trabas que tienen que afrontar, que ya son muy elevadas en términos regulatorios, equivale a erosionar la actividad económica y el empleo", señalan. En concreto, estiman que su puesta en marcha podría reducir el PIB en 5.000 millones (cuatro décimas) y destruir 72.000 puestos de trabajo.

El impuesto a los beneficios extraordinarios de las entidades de crédito y de las grandes empresas energéticas llegará al Congreso este miércoles en forma de proposición de ley (y no de proyecto de ley) para acelerar su tramitación parlamentaria. La propuesta, anunciada por el presidente, Pedro Sánchez, durante el Debate sobre el estado de la Nación celebrado el pasado julio, pretende gravar temporalmente con un tipo del 4,8% el margen de intereses y las comisiones netas de la banca y con otro del 1,2% las ventas de las energéticas que facturen más de 1.000 millones al año. Además, introduce sanciones en caso de que las empresas opten por trasladar el coste del impuesto al consumidor, con un recargo del 150% de la cantidad repercutida. 

La previsión del Ejecutivo es que la tasa a las empresas energéticas recaude en torno a 2.000 millones de euros anuales, mientras que la que se aplicará al sector bancario haga ingresar al Estado otros 1.500 millones al año. Aunque esta última podría ser algo mayor por las fuertes subidas en los tipos de interés decididas por el Banco Central Europeo. En total, el Gobierno prevé que los tributos recauden 7.000 millones de euros en dos ejercicios.