Hace unos días el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un ente asesor cuyas decisiones no tienen carácter vinculante, dictaminó que el Estado español violó los derechos políticos de exmiembros del Parlamento de Cataluña al suspenderlos de sus funciones por estar encausados en el juicio del procés antes de que fueran condenados en sentencia firme. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull fueron reelegidos diputados tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2017, pero no pudieron ejercer como tales porque el juez Pablo Llarena se lo impidió en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la suspensión de las funciones de un cargo público cuando está acusado de rebelión. El dictamen hace notar que los acusados fueron finalmente condenados por sedición, en lugar de rebelión, al entender el Tribunal Supremo que no concurrió el requisito de la violencia. El Comité sostiene que se violó el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por España en 1996, porque los acusados en todo momento instaron a una actuación pacífica, que la medida de suspensión cautelar no fue proporcional y, por tanto, no se puede considerar que cumpliese los requisitos de neutralidad y objetividad.

La resolución tiene el valor que tiene, pero hay que precisar que no es un organismo judicial, ni representa tampoco la voz de la Asamblea general de la ONU. Es un informe de un comité de expertos dependiente de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, generosamente subvencionada por la Generalitat de Cataluña. Desde 2019, el Govern ha regado a este comité con casi un millón de euros. Solo este 2022 le ha pagado 200 mil, según se desprende del listado publicado por dicha oficina en su página web frente a los escasos 12.000 euros del Gobierno español. Hay que recordar que, en mayo de 2019, otro organismo dependiente del mismo comité de Derechos Humanos acusó a España de haber detenido ilegalmente a Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras. Se trataba de un informe claramente de parte que hacía suyas las acusaciones de Ben Emerson, abogado de los líderes independentistas. Todo ello no es más que la consecuencia de la telaraña que el independentismo ha ido construyendo a nivel internacional, subvencionando a organismos de supuesto prestigio para vender la legitimidad de un referéndum ilegal.

Puede que sea conveniente modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero si se trata de defender la presunción de inocencia y los derechos de los representantes públicos, hay que recordar que el propio Parlament de Cataluña, en aplicación de su reglamento interno, ha suspendido a Laura Borràs como diputada por un presunto caso de corrupción, que ella niega y atribuye a una persecución política por ser independentista. En buena lógica, desde Junts reclaman su restitución en el cargo al frente de la cámara catalana. En cualquier caso, lo que resulta contradictorio y sí habría que reformar es la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG), que permite que se presenten a las elecciones quienes tienen causas abiertas por delitos penales graves, como rebelión o sedición, o también por el amplio abanico de delitos que popularmente llamamos corrupción. En el caso de los políticos encausados por el procés, la LOREG permitió que se presentaran a todas las elecciones hasta la sentencia del TS que los inhabilitó en 2019, creando una contradicción democrática. En el caso de Carles Puigdemont todavía es más grave, pues ha huido de la justicia, y pese a ello puede ser candidato a todas elecciones.