El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó este miércoles que España "violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña" al suspender de sus funciones públicas a encausados en el procés antes de que fueran condenados en 2019, tras el referéndum independentista de 2017.

El fallo de este órgano asesor de la ONU, cuyas decisiones no tienen carácter vinculante, da la razón a una denuncia presentada en 2018 por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes alegaron que la suspensión de sus funciones sin existir una condena previa violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los dictámenes del comité, un mecanismo que se autodefine como "cuasi-judicial", suponen recomendaciones que en principio no son vinculantes, pero sí se considera que deben ser tenidos en cuenta por los firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (entre ellos España), a cuyo artículo 25 se han acogido los denunciantes.