Familiares de republicanos enterrados en el Valle de los Caídos han anunciado la interposición de una querella por la vía penal contra la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota Esteban López, por un presunto delito de prevaricación al no renovar el permiso de obras para proceder a las exhumaciones conforme a la sentencia que levantó el pasado mes de junio la medida cautelar que paralizaba los trabajos en las criptas.

El anuncio de la querella se produce después de que las familias hayan tenido acceso al informe jurídico por el que el Consistorio deniega la solicitud para renovar el permiso de obras. La solicitud se produjo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) levantará la medida cautelar que mantenía paralizados los trabajos de acceso a las criptas del Cuelgamuros.

Sin embargo, la alcaldesa se niega a renovar la licencia de obras debido al recurso que hay pendiente en el Tribunal Supremo contra la decisión judicial. El informe jurídico en el que se informa de forma desfavorable a la renovación, al que tuvo acceso Europa Press, recoge que "la petición solicitada solo podría estimarse cuando la sentencia número 392/2022 adquiera firmeza y sea notificada a este Ayuntamiento".

De igual modo, aduce que en lo que se refiere a la pretendida ejecución provisional esta, en su caso, deberá articularse en el seno del procedimiento judicial con el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos en la Ley 29/1998 de 13 de Julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que, en ningún caso, podrían obviarse por este Ayuntamiento.

Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, ha destacado que la concesión está avalada por la sentencia firme de 2016 referida a los hermanos Lapeña, fusilados en Calatayud y enterrados en el Valle de los Caídos, y la resolución del TSJM.

Es una decisión política que impide el ejercicio de un derecho a unos familiares

"No entendemos por qué se obstaculiza la licencia y por lo tanto, una vez asesorados, las familias vamos a denunciar por la vía penal a la alcaldesa", ha anunciado. Por su parte, el portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha considerado que "el Ayuntamiento puede estar prevaricando" conforme a los argumentos que expone en el informe.

Según el portavoz de esta asociación, "no existe motivación de la paralización" del permiso de obras, por lo que a su juicio la no concesión supone "una decisión política que impide el ejercicio de un derecho a unos familiares".

"No solo es un ejercicio de humanidad por parte de las autoridades de San Lorenzo sino que, ante la imposición de no renovar, se convierten en colaboradores de quienes hace 60 años decidieron secuestrar esos cuerpos para enterrarlos en un lugar que no decidieron sus familias", ha aseverado.