A los límites de la temperatura y el apagón de los escaparates durante la noche le seguirán a lo largo del mes que viene la instalación de cierres automáticos. El plan de ahorro energético decretado por el Gobierno obliga a los locales con acceso a la calle a tener sistemas que impidan que las puertas permanezcan abiertas constantemente y esto incumbe a tiendas, bares, restaurantes... Establecimientos que temen que las empresas encargadas de instalar esos mecanismos suban las tarifas y tengan problemas de agenda ante el ingente número de pedidos con el que se van a encontrar. 

"Las empresas especializadas en la sustitución de puertas se van a encontrar con todo el trabajo a la vez y va a resultar difícil que tengan disponibilidad. Y cuando hay mucha demanda, el precio se incrementa", afirma el presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio. El real decreto sobre eficiencia energética establece el 30 de septiembre como fecha límite para el cumplimiento de esta norma, pero el empresario madrileño espera que haya "flexibilidad". La inactividad que caracteriza a agosto y las reservas de los dueños de los locales ante posibles futuras rectificaciones están retrasando la adaptación. 

Las facturas que se barajan para la instalación de puertas correderas automáticas pueden alcanzar los seis mil euros y comerciantes y hosteleros consultados por este diario muestran su preocupación por que se repita lo que ocurrió con la primera versión de la ley antitabaco. Inicialmente, la norma permitió que los establecimientos acotasen una zona destinada a los fumadores, pero finalmente se prohibieron también esos cubículos. 

El PP pide al Gobierno quitar "frivolidades" al decreto de ahorro energético y califica esta ley como una "imposición"

"Se gastaron una fortuna y al poco tiempo se dijo que no se podía fumar en ninguna parte del local. Hicieron un desembolso de 15 o 20.000 euros, que no les dio tiempo a amortizar. El Gobierno no puede pretender que cada vez que ponga una norma salga siempre del bolsillo de los empresarios y después no sirva para nada. Hay que ser más responsable", clama Antonio Luque, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla. "Igual sucedió cuando empezamos con la pandemia, con la colocación de pantallas y otras cuestiones y luego iban cambiando las reglas", agrega Pedro García, uno de los socios de A Contracorriente. 

Este restaurante, situado en la Gran Vía del Marqués del Turia de Valencia, ya cuenta con puertas correderas automáticas, pero su responsable afirma ponerse "en la piel de los compañeros de profesión": "Siempre pagamos el pato los mismos. A invertir para que en dos meses no tenga sentido esa medida". 

Las dudas de estos pequeños empresarios no son infundadas. No en vano, pese a haberse publicado el 2 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a estas horas la convalidación del real decreto está en aire, toda vez que el PP amenaza con votar en contra si no se aceptan sus posiciones. En paralelo, los socios de investidura del Ejecutivo, como PNV, Bildu y ERC, no han aclarado aún cuál será su postura en la votación que tendrá lugar este jueves en el Congreso. 

Jordi Gil trasmite las mismas inquietudes y anuncia que el coste que va a destinar a cumplir esta medida va a rondar los cien euros. "Lo único que tengo claro es que las puertas se tienen que cerrar, lo de que sean correderas no lo he leído en ningún sitio oficial. Lo único que voy a montar es un muelle tradicional. Si alguien me exige otra cosa ya veremos, pero me parece una barbaridad que nos obliguen a hacer una instalación de miles de euros", asegura el dueño de la taberna Alenar, también en Valencia. 

Verdaderamente, la norma habla de forma literal de "un sistema de cierre de puertas adecuado, el cual podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático".  El objetivo es acabar con "el despilfarro energético por las pérdidas de energía al exterior, independientemente del origen renovable o no de la energía utilizada para la generación de calor y frío por parte de los sistemas de calefacción y refrigeración". 

Ayudas económicas

El sector servicios también se queja de falta de información acerca de las ayudas para acometer las transformaciones que se les exigen. "No tenemos datos más allá de las intervenciones públicas que hace el Gobierno o de lo que cuentan los medios", indica Antonio Magraner, vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE).

El Gobierno no puede pretender que cada vez que ponga una norma salga siempre del bolsillo de los empresarios y después no sirva para nada"

El Ejecutivo ha anunciado cien millones de euros "para acompañar a las empresas en su esfuerzo por incrementar su ahorro y su eficiencia energética". El programa estará vigente hasta diciembre de 2024 y la partida se entrega en forma de concesión directa a las comunidades y ciudades autónomas. Extremadura por ejemplo ya ha anunciado una subvención del 50% de los gastos, con un límite máximo por establecimiento de 30.000 euros y una inversión mínima de 1.500.

En esa línea, el Ayuntamiento de Barcelona destinará inicialmente dos millones de euros para ayudar a las actividades económicas situadas en planta baja a realizar reformas que favorezcan el ahorro energético, especialmente para instalar puertas automatizadas. El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, destacó que esta será la primera convocatoria de ayudas para apoyar a comercios, locales de restauración, de ocio nocturno y hoteles de la ciudad. Unos establecimientos que afean al Gobierno la falta de diálogo y consenso.