La Policía Nacional estrena este lunes los dispositivos de grabación unipersonal (DGU), unas cámaras que podrán utilizar en sus intervenciones pero con limitaciones, como la prohibición de su uso en el interior de domicilios.

¿Cuándo podrán usarlas?

Los agentes de seguridad podrán usarlas a partir de este lunes y su uso se irá extendiendo de forma paulatina a medida que se vayan distribuyendo los equipos por las unidades de toda España, según informó la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.

¿Podrán utilizarse dentro de los domicilios? 

Los dispositivos de grabación unipersonal no se podrán utilizar "como normal general"  dentro de los domicilios. Sin embargo, existen algunas excepciones: cuando el titular de los derechos afectados de su consentimiento previo, cuando exista una resolución judicial o cuando se utilicen para la prevención de delitos o infracciones administrativas graves o muy graves.

¿Cómo son los equipos?

Las cámaras tienen dimensiones y peso reducidos y su característica principal es la capacidad que tienen de grabar, de manera simultánea, audio y vídeo. Se pueden activar de forma manual por el agente que las necesite o también de manera automática cuando la cámara esté vinculada a otras herramientas policiales. Además, la policía destacó que la toma de imagen y sonido quedará supeditada a la concurrencia de un peligro o evento concreto.

¿Podrán emplearse dispositivos móviles?

El uso de dispositivos móviles tiene que estar autorizado por la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente. En caso de urgencia, el responsable operativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes será el que determinará su utilización. Sin embargo, la actuación deberá ser comunicada a la mayor brevedad posible, en el plazo de 24 horas, al delegado o subdelegado de gobierno o a la autoridad competente de las comunidades autónomas. 

¿Qué sucede si la grabación capta un delito?

Si la grabación llegara a captar la comisión de algún delito o infracción penal, las imágenes serán puestas a disposición judicial en el plazo máximo de 72 horas desde el momento de su grabación. De no poder redactarse el atestado durante el plazo establecido, los hechos se relatarán verbalmente a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal y también se entregará la grabación.

¿Las grabaciones serán destruidas?

Las imágenes serán destruidas en el plazo de 3 meses desde el momento de su captación. Sin embargo, si estas llegasen a captar la comisión de una infracción penal o administrativa grave o muy grave en materia de seguridad pública y si existiera una investigación policial en curso o un procedimiento judicial o administrativo abierto, no se podrán eliminar.