Costumbrismo Digital por Juan Luis Saldaña

Dice el artículo 86 de la Constitución Española que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes”. Hecha la ley, hecha la trampa. Los gobernantes llevan años utilizando la figura del decreto ley para imponer su voluntad. De este modo, el ejecutivo pasa por encima del legislativo con agilidad y confía la convalidación de lo dispuesto a las mayorías que tiene en la cámara. Como ha dicho algún político torpe “se gobierna por decreto”.

Los números no dejan lugar a dudas: la primera legislatura de Aznar tuvo 85 decretos ley, la segunda 42; Zapatero lo utilizó 52 veces en la primera y 55 en la segunda. Rajoy promovió 76 en la primera y 30 en la segunda y Sánchez lleva 43 en su primera etapa, que duró un año, y en la actual, 85. Sumados hacen un total de 128. Ha batido el récord. La tendencia es creciente. Desde la aparición del Estado Liberal, el poder ejecutivo se ha rebelado contra su papel de actor secundario a la hora de aplicar la ley que dispone el legislativo. La separación de poderes, tan invocada como ignorada, falla claramente en situaciones como esta.

Este modo de gobernar y legislar es propio de regímenes con estándares democráticos bajos

Un estudio de los profesores Aragón y Martín Rebollo comprueba que los decretos leyes entre 1979 y 2015 fueron un tercio de las leyes aprobadas por el parlamento. En la crisis del 2008 y hasta el año 2015, este tipo de disposiciones normativas supusieron el 56 por ciento de lo aprobado. Queda claro que este es un mal endémico de nuestra democracia y también parece patente que, vistos los números, la tendencia es creciente y no tiene pinta de mejorar. Hay también expertos que han señalado que este modo de gobernar y legislar es propio de regímenes con estándares democráticos bajos. Los ejemplos hielan la sangre. Algunas dictaduras históricas y otras que aún están en funcionamiento comenzaron su andadura abusando del “gobierno por decreto” hasta dejar al parlamento como una mera comparsa. Parece difícil que sigamos su camino, pero no está de más entender por dónde se escapa el mandato que el ciudadano otorga al político cuando le vota.

Resulta difícil comprender que cualquier decreto ley que aprueba el Consejo de Ministros sobre un asunto que puede ser urgente presente en su texto articulado una variedad de medidas que tienen poco que ver con la parte fundamental del decreto. Parece que el gobierno aprovecha para colar en esa ley algunos flecos que le vienen bien. Suena también poco democrático, como un coladero que tiene algo de desorden y algo de chantaje.

Si a todo esto le añadimos que las comunidades autónomas tienen la capacidad de utilizar esta herramienta dentro de sus competencias, el problema se agudiza. La separación de poderes suena bien, pero lleva décadas maltrecha. La democracia tiene que avanzar y adaptarse al momento actual. Se impone la velocidad, la tecnología y la participación. Es evidente que el decreto ley como forma torticera de ejercer el gobierno merece una revisión y resulta descorazonador comprobar que, al igual que en casos como el de la ley electoral, no son los políticos los más interesados en que esto mejore.