La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado partidaria este martes de que los ciudadanos puedan acceder con la nueva Ley de Secretos a documentos que hasta ahora eran confidenciales, como los relativos al GAL o los que afectan al intento del golpe de Estado del 23-F.

En una visita a la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), en la Base Aérea de Torrejón, Robles ha sostenido que la nueva Ley de Información Clasificada impulsada por el Ejecutivo es "absolutamente necesaria" porque la actual data del año 1968 y era una reclamación de la OTAN y la Unión Europea.

A su juicio, es bueno que la sociedad pueda conocer hechos de su pasado, como los sucesos relacionados con el GAL, un asunto en el que ha recordado que ella misma tuvo oportunidad de trabajar siendo secretaria de Estado del Ministerio de Interior en los años 90.

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"Ayuda al conocimiento, la transparencia", insiste, adelantando que la ley podrá ser reformada durante el trámite parlamentario para aunar el mayor consenso posible. "Se aceptarán todas las enmiendas que sean razonables", ha dicho sobre las críticas que ya han adelantado otros partidos.

La ministra ha insistido así en sumar apoyos a esta reforma porque "responde a los principios esenciales de cualquier democracia" y sitúa a España en "los parámetros de otros países europeos". Sin embargo, no ha querido entrar en el detalle sobre la posibilidad de rebajar el número de años necesarios para la desclasificación de documentos.

Podemos ve posible "un texto que sea de consenso"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este martes que pese a las discrepancias con la parte socialista del Gobierno sobre la ley de secretos oficiales, que ve "lejos de la transparencia democrática" que se espera de un país democrático como España, al final habrá "un texto que sea de consenso". 

La ley, ha explicado Belarra en RNE, llegó ayer por primera vez al Consejo de Ministros en primera vuelta, por tanto -ha dicho- todavía hay tiempo para cambiar ciertos aspectos y eso es lo que han pactado con sus socios de gobierno.

"Nos hemos dado tiempo para llegar a un texto que sea de consenso", ha asegurado, rebajando así el tono de ayer cuando Unidas Podemos planteó incluso la posibilidad de no apoyar la ley en la tramitación parlamentaria.