Más de dos años después de que estallara la pandemia por Covid, el Ministerio de Sanidad sigue reclamando más de 9,2 millones de euros que desembolsó en la primavera de 2020 para comprar guantes, mascarillas y geles higiénicos para evitar contagios y adquirir respiradores, la maquinaria necesaria para atender a los enfermos más graves en las UCI. En concreto, los servicios jurídicos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) siguen litigando contra cuatro empresas, dos de ellas asiáticas y otra creada poco antes en Barcelona, para que reembolsen el dinero que ingresaron por suministrar material que nunca llegó a su destino.

Estos cuatro contratos aparecen en la auditoría que en junio publicó el Tribunal de Cuentas sobre las compras de material de protección contra la Covid que llevó a cabo el Ministerio de Sanidad. Aunque su informe fue favorable, porque determinó que las compras, de urgencia y fuera del trámite ordinario, "se ajustaron a Derecho", también detectó entre los 73 contratos analizados hasta 19 "incidentes". Entre ellos, los más graves fueron cuatro, cuyos importes sigue reclamando el Ministerio de Sanidad por la entrega de material defectuoso o por retrasos en el suministro que le obligaron a comprar a otros proveedores.

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Aunque el Tribunal de Cuentas también reflejó que el Gobierno intentó contratar primero con empresas conocidas, especializadas o recomendadas por sus respectivas embajadas, ante la escasez de materiales y la compra desaforada por parte de todos los países, Sanidad también terminó lanzándose al mercado sin demasiadas garantías. Una de sus consecuencias fueron cuatro contratos de compra, adjudicados entre marzo y mayo de 2020 por un importe de más de más de nueve millones euros en cuatro transacciones de un total de 73 contratos de compra de material contra la Covid que analizó el Tribunal de Cuentas por valor conjunto de 551 millones. De esa cantidad, de momento solo se han recuperado 1,8 millones y las reclamaciones han pasado ya del periodo de pago voluntario y continúan por la vía ejecutiva.

Defectos y retrasos

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Sanidad a través del Portal de Transparencia, el primer contrato contra el que se sigue un proceso de reclamación es uno adjudicado en marzo de 2020 a la compañía Shangdong Lianfgu Pharmaceuticals para la compra de 260.000 unidades de gel desinfectante por 779.301 euros, que ahora reclama por "incumplimiento de las condiciones pactadas imputable al contratista", ya que la empresa entregó un gel que no tenía consideración de producto sanitario y, por tanto, incumplía la condiciones de la compra. Dos años después, Sanidad no ha recibido "ningún ingreso".

De los cuatro, este contencioso es el único en el que Sanidad reclama daños y perjuicios causados a INGESA, por valor de 1,4 millones, debido a que la no entrega del material obligó a formalizar un contrato con otra empresa.

La segunda reclamación es a una compañía llamada Member of the Tribe (Miembro de la Tribu), creada en Barcelona meses antes de que estallara la pandemia y con la que el INGESA formalizó la compra en mayo de 2020 de 52.000 guantes de nitrilo por valor de más de 5,5 millones de euros. Debían entregarse en un plazo de 10 días y el pacto consistió en un primer pago al contratista del 30% (1,6 millones) para el "bloqueo del producto", que de esa forma no podría ser vendido a nadie más, y el 70% restante (3,8 millones) cuando el INGESA tuviera el certificado de "producto en fábrica para salir". Sin embargo, el Tribunal de Cuentas constató que los guantes no fueron entregados ni en los 10 días previstos ni en un segundo plazo de otros 10 días que concedió INGESA, que a día de hoy sigue reclamando.

Es el único caso en el que se logrado recuperar una parte del importe, según la información a través del Portal de Transparencia. El contratista reintegró 1,8 millones en agosto de 2021, un mes antes de que se procediera por la vía ejecutiva para reclamar la cantidad restante.

La tercera cantidad que se reclama todavía son 477.800 euros por incumplimiento de plazos estipulados a una empresa llamada MJ Steps y con sede en Suiza a la que el Ministerio compró en marzo de 2020 10 dispositivos de ventilación mecánica, en un momento en el que el crecimiento de los contagios era ya exponencial y aumentaba sin parar el número de quienes enfermaban de gravedad y necesitaban un respirador para seguir con vida. En este caso ha habido un único reintegro por valor de 20.600 euros y el resto se sigue reclamado por la vía ejecutiva.

Por último, Sanidad mantiene una reclamación por 2,4 millones a la compañía Hong Jin Medical Science, a la que compró casi un millón de mascarillas FFP2 y KN95 que resultaron "no aptas para su distribución" porque no presentaban las condiciones de protección requeridas. "No se ha recibido ningún ingreso", apunta también en este caso el ministerio.