Uno de cada tres institutos de Secundaria de la Comunitat Valenciana contará con placas solares para autoabastecerse de energías limpias. El programa #ZERO, energía de proximidad instalará estos dispositivos en 114 centros educativos de 71 municipios en una primera fase, lo que les permitirá ahorrar 6,9 millones de euros al año en la factura eléctrica, según han anunciado este martes a los equipos directivos y a los ayuntamientos la consellera de Educación, Raquel Tamarit, y la de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà. Este plan cuenta, además, con una derivada social, ya que el excedente de energía se destinará a familias vulnerables de los entornos de los institutos.

La titular de Educación ha detallado que la primera fase del programa se desarrollará con un presupuesto de 14,47 millones de euros por parte de este departamento. Durante el próximo otoño, "publicaremos la licitación de los proyectos de ejecución, las direcciones de obra y la instalación de los paneles solares en los 114 institutos fijados", ha avanzado.

Además, en el primer trimestre de 2023 la administración tiene previstas las adjudicaciones y en la primavera del año que viene comenzará la instalación de los paneles fotovoltaicos. "Una vez implementada la primera fase, procederemos a ampliar el programa hasta llegar a los 360 institutos públicos de todo el territorio valenciano", ha añadido Tamarit.

La responsable de Educación ha subrayado que será "una importante planta fotovoltaica pública, urbana, descentralizada y de proximidad, que generará la energía eléctrica que necesita cada instituto y los transformará en autosuficientes, autogeneradores de energía limpia y renovable. Pero no solo eso, produciremos excedente energético", ha explicado.

Sobre esta cuestión, Mireia Mollà expuso que, solo en esta primera fase, entre 5.000 y 8.000 familias en riesgo de vulnerabilidad podrán beneficiarse de los excedentes eléctricos generados por las instalaciones fotovoltaicas de los institutos. "Una cifra que, a medida que se complete la instalación de placas solares en los centros educativos, aumentará hasta beneficiar a cerca de 18.000 hogares con dificultades para afrontar la factura de la luz", cuantificó.

La consellera destaca "la importancia" y "la transversalidad" de un proyecto que nació en el departamento que dirige y ha terminado por convertirse en "una idea compartida entre varios departamentos de la Generalitat y decenas de municipios". Además, según los cálculos de la administración autonómica, en dos años la inversión que se hace desde Educación estará amortizada.

Con la implantación de energías renovables en esta primera fase, las emisiones de CO2 se reducirán en más de 9.000 toneladas al año, una huella que disminuirá hasta las 58.500 toneladas una vez se haya completado la instalación fotovoltaica en los 360 centros educativos repartidos por la Comunitat Valenciana, ha explicado la consellera Mollà.

La titular de Transición Ecológica ha afirmado que los beneficios "educativos, sociales y medioambientales del programa son incuestionables", a lo que ha añadido que el alumnado "no solo continuará abordando en clase la importancia de hacer frente a la emergencia climática, también allá donde estudian, en sus institutos, verán que tienen el ejemplo concreto de una gestión sostenible de los recursos energéticos".

Para Mollà, "este primer proyecto representa un hito histórico para los institutos valencianos", ya que en torno a "8.000 familias valencianas van a verse beneficiadas de la energía que los centros educativos van a generar" a los que define como el "corazón de la transición energética de la Generalitat Valenciana".

Se trata de un proyecto que, en su opinión, "solo tiene ventajas, porque se alcanza el autoabastecimiento energético de los centros educativos; se reparten los excedentes entre las familias más vulnerables, para no dejar a nadie atrás en el proceso de transición ecológica, y se acelera la descarbonización reduciendo nuestra huella», valoró la consellera de Agricultura.

La Conselleria de Transición Ecológica coordinará, a través de Municipios en red, un proyecto al que se han adherido más de 250 ayuntamientos valencianos para impulsar las energías renovables e impulsar las comunidades energéticas municipales, la distribución de los excedentes generados en las instalaciones educativas, para que beneficien a los que más lo necesitan a través de los servicios sociales municipales.

La selección de las familias beneficiarias

Los institutos harán un primer filtro para la distribución del excedente energético a través de los datos sobre las familias en riesgo de exclusión social, y después los servicios sociales ultimarán el listado de beneficiarios. Los domicilios deberán estar a 500 metros del centro educativo, aunque Mollà pide que se amplíe a dos kilómetros.