La Rambla de Barcelona, su arteria más famosa, ruidosa, vibrante y dinámica, el corazón que hace latir con fuerza cada día y cada noche al centro mismo de la capital catalana, que asoma sus glorias y miserias como un gran escaparate abierto al mundo, y que acepta a todo aquel que quiera transitarla sin preguntas y sin reparos, experimentará este miércoles 17 de agosto un día intenso que jamás habría querido vivir. Se cumplen cinco años del atentado con el que, la más sonriente y follonera de las calles barcelonesas, enmudeció y se vistió de muerte, dolor y sinrazón.
Aquel 17-A de 2017 a las 16.51 horas, Younes Abouyaaqoub se adentró en La Rambla por su acceso desde la calle de Pelai y atravesó con una furgoneta alquilada los 800 metros que separan su punta superior del icónico mosaico que dejó impreso en el suelo para la posteridad el genial pintor catalán Joan Miró.
El joven miembro de la célula yihadista, de 10 componentes, procedente de Ripoll (Girona) y responsable de aquella jornada negra en Barcelona y Cambrils (Tarragona), donde cinco terroristas fueron abatidos y una mujer resultó fallecida, segó la vida de 16 personas y dejó heridas a 137 haciendo eses con un vehículo que, al verse bloqueado por las víctimas, tuvo que abandonar para escapar entre el caos que él mismo había sembrado. Abouyaaqoub, de 20 años, fue abatido por la policía catalana en Subirats, cerca de Vilafranca del Penedès (Tarragona), cuatro días después, el 21 de agosto. Pero, desgraciadamente, la masacre ya había sido consumada.
Aunque La Rambla y sus habitantes, sean permanentes o temporales, se esfuerzan desde entonces por no perder la alegre esencia del lugar, quien pasea por ella no escapa de cierto recuerdo de aquella jornada aciaga incluso cinco años después. Un sobrecogedor silencio interior se apodera de uno al pasar por puntos que quedaron grabados en la retina colectiva aquel día: el mosaico de Miró, el Mercat de la Boqueria (por el que escapó a pie el terrorista) o el inicio de La Rambla en la confluencia con la calle de Pelai, por donde entró la furgoneta, y que desde diciembre de 2017 está protegido por bolardos y topes de hormigón.
Dos homenajes diferentes
El de este miércoles será un recuerdo difícil para las víctimas físicas y emocionales del terrible ataque terrorista, que se reunirán en dos actos de recuerdo. El primero lo organiza el Ayuntamiento de Barcelona, que es quien presta apoyo a los afectados locales, y tiene lugar a partir de las 10 horas en el mosaico de Miró. Víctimas y sus familiares y amigos, políticos y ciudadanos, por este orden, colocarán flores en los depósitos que se colocarán a tal efecto en este punto. También actuará un coro musical infantil y habrá un minuto de silencio.
El segundo homenaje lo lleva a cabo la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), que asesora y da cobertura solo a víctimas extranjeras del ataque. Ayudan a afectados italianos, canadienses, australianos y latinoamericanos. José Vargas, su presidente, habla con 20minutos.es y comenta que esta duplicidad de actos sucede desde el minuto cero de la masacre por motivaciones más bien de competencias políticas entre la administración central, con la que ellos se coordinan (Ministerio del Interior), y la local y catalana (consistorio y Generalitat), deja intuir.
Vargas asegura que las 96 personas reconocidas como víctimas por el Ministerio del Interior y los 24 validados como afectados directos que ellos representan ya han recibido las pertinentes indemnizaciones. Todas ellas sufrieron daños y secuelas físicos y/o psicológicos. Un total de 76 personas resultaron afectadas en La Rambla, 8 en Cambrils y 9 más en la explosión de la casa okupada de Alcanar (Tarragona) del 16 de agosto de 2017, en la que la célula preparaba los explosivos para su plan A, que abortó el estallido de las decenas de bombonas de butano que almacenaban para atentar y que mató al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, marroquí de 44 años y cerebro del grupo, y a Youssef Aalla, de 22 años entonces. Y donde resultó herido uno de los condenados por estos hechos, Mohamed Houli Chemlal, de 22 años.
La sentencia de la Audiencia Nacional nombra a 355 víctimas reconocidas en los dos ataques (288 en el atropello masivo de Barcelona, 28 en Cambrils y tres durante la huida del terrorista de La Rambla). Dos de los tres imputados por el fallo han de indemnizar a 35 afectados física o psicológicamente por la explosión de Alcanar, y a 29 particulares y empresas más por daños materiales. El 40% de los afectados ya han sido reparados.
Interior ha confirmado a 20minutos.es que, a fecha de hoy, ha destinado un total de 7,33 millones de euros en concepto de indemnizaciones a las víctimas (7.338.798,78 euros), entre ellas, al agente de los Mossos que abatió a los cinco terroristas de Cambrils en la madrugada del 18 de agosto de 2017. De los 355 afectados que figuran en la sentencia, 216 han solicitado algún tipo de ayuda o indemnización al Ministerio en el plazo de un año que prevé la legislación. Y 130 la han obtenido. De las 86 personas restantes, 84 expedientes fueron desestimados y los otros dos se encuentran actualmente pendientes de resolución.
En cambio, la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT), creada tras estos atentados y formada por psicólogos, forenses y psiquiatras, ha atendido en virtud de un convenio suscrito con el Ayuntamiento de Barcelona a 210 afectados, de los que 117 tramitaron con Interior el reconocimiento de víctima de terrorismo y la posibilidad de asistencia psicológica.
En 2021, esta asociación aseguró que 77 personas ya han sido indemnizadas por Interior al mismo tiempo que denunció que el 80% de las 355 reconocidas como víctimas por la justicia (74 por daños psicológicos) no habían recibido todavía ninguna notificación oficial de su situación ni tampoco atención alguna. De las 248 personas no atendidas, 135 padecieron problemas psicológicos, 73 físicos y las restantes ambos.
Aún localizando a víctimas
Robert Manrique, asesor de esta entidad, y también víctima del atentado de Hipercor perpetrado por ETA hace 35 años, atiende a 20minutos.es y relata que llevan desde 2017 "intentando localizar" por su cuenta "a todas las personas que aparecen en la sentencia judicial de mayo de 2021, no firme, del magistrado Alfonso Guevara". Son las mencionadas 345 e incluyen a víctimas físicas y psicológicas (por añadir a estas últimas, el fallo podría sentar precedente) de la explosión en la casa de Alcanar y en los ataques de Cambrils y Barcelona, y que incorpora a mossos y policías locales de servicio en aquellas tres fechas.
Manrique constata que la tarea de localización que están llevando por su cuenta y riesgo, tanto en España como en el extranjero (hay afectados de 31 países diferentes y calcula que 250 de los mencionados en la sentencia no han sido contactados para ser informados de este reconocimiento judicial como víctimas) está motivada por algo que hace constar el juez en la propia sentencia: "Que las víctimas han sido las grandes olvidadas en la instrucción".
Esto sucede porque no todas estas personas participaron en el proceso penal. Un 20% lo hicieron representadas por la asociación 11-M, otro 10% por otras acusaciones particulares y el resto, en su mayoría, por la Fiscalía, más de 200, de las que no se sabe si han realizado trámites administrativos para su reconocimiento. Además, la entidad no tiene acceso a los datos personales de los afectados, en cambio, la administración sí.
Por otra parte, la asociación carga contra Interior (la UAVAT trabaja con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona) por no haber reconocido el estatus de víctimas a algunas de las personas a las que representan como asociación. Pone de ejemplo a Sílvia y a Marta, dos clientas de la farmacia a la que llegó malherido uno de los menores que falleció en La Rambla y que lo asistieron hasta su muerte. O dos chicas veinteañeras a las que se les denegó el reconocimiento "al presentar patologías previas de bulimia y de anorexia". El trabajo se multiplicará una vez que la sentencia sea firme, pues procederán a "revisar expediente por expediente y acreditar secuelas posteriores a los atentados" con el fin de acceder a indemnizaciones o recalcularlas.
La asociación está trabajando a día de hoy en otro caso, el de la hija de una mujer catalana fallecida en La Rambla el 17-A, y que tres meses después de lo sucedido fue contactada por Internet por un abogado privado que le tramitó la indemnización y le cobró un 15% de honorarios. "Nosotros nunca hemos cobrado un euro de comisión por el mismo trabajo. Ese señor se embolsó 30.000 euros por una firma", denuncia Manrique.
Otro ejemplo de "desamparo" de víctimas y familiares que les ha llegado es el de una chica venezolana residente en Madrid que fue atropellada por el yihadista y que fue ingresada en el Hospital Clínic, donde tuvo que ser operada. Luego, ya en Madrid, tuvo que volver a someterse a otra intervención por las secuelas del atropello, en el Hospital Gregorio Marañón.
Dos años después, en 2019, vio por televisión el acto por el segundo aniversario de la masacre y, al verse reflejada como afectada, se dirigió a la asociación de víctimas del 11-M, que lo puso en conocimiento de la UAVAT. "Tramitamos el reconocimiento como víctima e Interior nos responde que se encuentra fuera del plazo legal de un año", explica Manrique, lamentando que con esta contestación, "no entrasen ni a valorarlo".
Preguntado por cómo puede ser que haya víctimas directas del atropello mortal que no se sintiesen como tal desde un primer momento, aclara: "Esta chica no había pensado hasta entonces que tuviese ningún tipo de derecho por lo ocurrido. Lo primero que hacemos cuando sufrimos un accidente de tráfico es llamar al seguro y luego a nuestros seres queridos para decirles que estamos bien. En un atentado, lo primero que haces es comprobar que estás vivo. Y una vez que te recuperas crees que las autoridades ya te llamarán, y si estas no lo hacen, piensas que es porque no tienen por qué".
También se queja de la poca atención que han recibido por parte de las autoridades políticas. "El único alcalde que nos llamó días después de lo sucedido, fuera del consistorio barcelonés, fue el de Sant Celoni (Barcelona), y también un regidor de Badalona (Barcelona)". Del mismo modo, lamenta que no exista en Cataluña una ley autonómica de víctimas del terrorismo, como las que tienen en Aragón, Cantabria, Andalucía o La Rioja.
Rebaja de pena a dos de los condenados
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional redujo el pasado 13 de julio las penas a dos integrantes de la célula yihadista: a Mohamed Houli Chemlal (de 53 a 43 años de cárcel) y a Driss Oukabir (de 46 a 36 años). Dicha decisión no tiene efecto puesto que se mantiene la pena máxima de 20 años de encarcelamiento para ambos por pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos de carácter terrorista. El tribunal mantiene la pena de ocho años de cárcel para Said Ben Iazza, que salió en libertad en septiembre del año pasado, tras cuatro años en prisión provisional. Vargas, de la ACVOT, afirma que "respeta y acata" toda decisión judicial aunque "no esté de acuerdo como ciudadano demócrata". Y añade: "Las víctimas seguimos estando olvidadas".
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