La Fiscalía de Cataluña ha archivado las denuncias presentadas contra el conseller de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, por incumplir la sentencia del 25%, al no ver delito ni en las instrucciones que dio a las escuelas ni en la aprobación de la nueva ley sobre el uso de las lenguas en clase.

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha dado carpetazo a las denuncias de Cs, Vox, Hablemos Español y Convivencia Cívica Catalana contra Cambray, después de que este comunicara al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la imposibilidad de cumplir la sentencia que fija un 25% de clases en castellano por la nueva normativa en la materia aprobada por la Generalitat y el Parlament.

Respecto al delito de desobediencia que las denuncias atribuían a Cambray, el fiscal apunta que debería ser el propio TSJC el que "manifestara si se ha producido una indebida desatención de sus requerimientos por parte de las autoridades o funcionarios concernidos" al no aplicar la sentencia.

Esos son los argumentos que esgrime la Fiscalía en dos escritos en los que pide al TSJC que no admita a trámite las denuncias presentadas por Vox, Hablemos Español y Convivencia Cívica contra Cambray y en un decreto en el que archiva la denuncia que Cs presentó contra el conseller, tras la aprobación de la nueva normativa que evita fijar un porcentaje para la enseñanza de las lenguas oficiales en los centros educativos.

A principios de este mes, el TSJC suspendió la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano y planteó llevar al Tribunal Constitucional el decreto del Govern y la nueva ley sobre enseñanza de lenguas en las escuelas, al considerar que "suscitan serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad".

El fiscal descarta que Cambray incurriera en prevaricación por la aprobación del nuevo decreto, "emanado en el ámbito propio de las competencias del Consell de Govern de la Generalitat previstas en el Estatut d'Autonomía", ni en su convalidación por parte del Parlament, que constituye "un acto de naturaleza legislativa impugnable en su caso a través de los medios específicos legalmente establecidos al efecto".

Tras recordar que la Fiscalía no es parte en el proceso contencioso que dio pie a la sentencia del 25%, Bañeres insiste en que no consta que el TSJC haya expedido "requerimientos coercitivos a la administración bajo apercibimiento expreso en caso de desatención de los mismos".

Y tampoco consta, añaden los escritos, que el TSJC haya acordado "deducción de testimonio de particulares para el caso de que se considerase burlado en le ejecución de lo resuelto" ni que la sala aludiera a una eventual desobediencia en el auto en el que planteó elevar la nueva ley al Constitucional.

Asimismo, el fiscal recalca que no hay noticia de que ningún centro educativo o el propio Departament hayan dado "expresa negativa" a alguna petición concreta de una familia para que se cumpla la sentencia del 25% en su escuela.

De hecho, los escritos de Fiscalía mantienen que el decreto y la ley sobre el uso de lenguas en las escuelas "vienen a establecer un nuevo marco regulador de los proyectos lingüísticos", pero que "no afectan en absoluto a la autonomía de cada centro docente" ni a las competencias que ostentan los directores.

Concluye el fiscal que en la conducta de Cambray "no concurren los requisitos típicos" de los delitos denunciados y recuerda que el TSJC no ha deducido testimonio contra el conseller por desobediencia, pese a que se han abierto varios incidentes de ejecución de la sentencia en los que "las partes pueden instar los postulados que a su interés estimen más convenientes".