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Álvaro García Ortiz, de fiscal del 'caso Prestige' a la cúspide del Ministerio Público para sustituir a Dolores Delgado

El fiscal Álvaro García Ortiz, propuesto por el Gobierno como nuevo fiscal general del Estado
El fiscal Álvaro García Ortiz, propuesto por el Gobierno como nuevo fiscal general del Estado
EFE
El fiscal Álvaro García Ortiz, propuesto por el Gobierno como nuevo fiscal general del Estado

Álvaro García Ortiz es la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para sustituir a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. Tras la dimisión de la exministra de Justicia al frente del Ministerio Público por "motivos de salud" relacionados con su dolencia en la columna vertebral, el Ejecutivo ha querido apostar por la continuidad en la cúpula fiscal al proponer al que hasta ahora había sido la mano derecha de Delgado. 

De marcado perfil progresista, García Ortiz fue, de hecho, primero portavoz y después presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación profesional más cercana al PSOE, entre 2013 y 2017. Desde marzo de 2020, ocupaba la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado como fiel escudero de Delgado. Siendo el número dos, el trabajo diario del Ministerio Público ha estado en sus manos los últimos dos años y medio. 

A diferencia de la que hasta ahora era su jefa, García Ortiz sí es fiscal de Sala, la máxima categoría de la Carrera. Es más, el hecho de que Delgado no ocupara este puesto en el escalafón cuando fue nombrada generó fuertes suspicacias en el sector, sobre todo entre los fiscales de Sala, pues se suele apostar por un miembro de esta categoría o por magistrados del Tribunal Supremo para el cargo de fiscal general. 

El que previsiblemente será nuevo fiscal general del Estado -a la espera del aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de su comparecencia en el Congreso- ingresó en la Carrera en 1998. Estuvo destinado en Santiago de Compostela y fue fiscal delegado de Medio Ambiente. Fue en esa tarea cuando se le encomendó llevar el caso del petrolero Prestige, que se hundió frente a las costas gallegas en noviembre de 2002.

"Perfecto conocedor de los proyectos en marcha"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, valoró esta trayectoria de García Ortiz tras anunciar la propuesta del Gobierno. En su opinión, el fiscal es un "perfecto conocedor de la Fiscalía General, de los proyectos que están en marcha ahora y también de las relaciones institucionales", al tiempo que tiene una "dilatada experiencia como fiscal de carrera", de más de veinte años -se precisan 15 de ejercicio efectivo para optar al puesto-, en la que, entre otras cosas, ha ejercido como "experto en medio ambiente".

Llop dio importancia a la designación de García Ortiz dado el "momento de emergencia climática" actual y con un Ejecutivo "comprometido con el medio ambiente". Es, según la ministra, "conocido especialista con reconocimiento internacional en la lucha contra los incendios forestales" como los que ahora están asolando la península.

La polémica del 'caso Stampa'

En su paso por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, García Ortiz ha hecho frente común con Delgado frente a las polémicas que han enfrentado a la exministra con gran parte de la Carrera, sobre todo del sector considerado conservador. Una de sus intervenciones más controvertidas fue la que protagonizó el año pasado durante el Consejo Fiscal que examinó el caso de Ignacio Stampa, fiscal anticorrupción que no fue renovado en su puesto y no pudo continuar al frente del caso Villarejo

Los encargados de informar sobre este asunto fueron tanto García Ortiz como el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Las explicaciones, lejos de contentar a los sectores más conservadores de la Carrera, avivaron las acusaciones contra Delgado y levantaron sospechas sobre el papel de García Ortiz en torno a la investigación abierta por la Fiscalía de Madrid tras la denuncia interpuesta por Vox contra Stampa, al que acusaban de connivencia con la acusación popular de Podemos en el caso Villarejo. Esas diligencias quedaron archivadas, pero el cierre se retrasó en dos ocasiones desde la Fiscalía General, en lo que se interpretó como una injerencia de García Ortiz y, por ende, de Delgado en este tipo de expedientes.

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