Esta semana se aprobará la ley de memoria democrática, que básicamente supone una ampliación de la anterior de memoria histórica de 2007, votada cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. El PP se opuso y Mariano Rajoy afirmó que, si llegaba a la Moncloa, la derogaría, cosa que no hizo, aunque tampoco la aplicó. Lo saludable democráticamente hubiera sido que la derecha se hubiera encargado de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Ahora, Alberto Núñez Feijóo también dice que derogará la nueva ley cuando gane. Ya veremos. Se subraya mucho el apoyo de EH Bildu a la misma como elemento deslegitimador, pues al mundo abertzale le falta mucha autocrítica sobre lo que significó la barbarie del terrorismo y el desprecio con el que trataron a las víctimas y sus familiares. El conjunto del nacionalismo vasco tiene deberes pendientes en memoria democrática.

Ahora bien, a ninguna ley la podemos juzgar por los apoyos que recibe, sino por su contenido. En este sentido, lo positivo es la cuestión de las exhumaciones de restos en cunetas y fosas comunes, que ahora se llevará a cabo con el amparo pleno del Estado. Esta es la asignatura pendiente de nuestra democracia: dar sepultura digna a todos los muertos de la contienda y la represión. Todo lo demás, como la retirada de los 33 títulos de nobleza que otorgó el dictador, no es que esté mal, pero es hojarasca. 

El nacionalismo vasco tiene deberes pendientes en memoria democrática

Lo problemático de la ley es alargar el periodo en cuanto a los posibles derechos violados hasta finales de 1983. El consenso es que la transición terminó con la llegada al Gobierno del PSOE en octubre del año anterior. Ir más allá es alejarnos de la reparación por el daño ocasionado por la dictadura para entrar en otro terreno. En realidad, el mismo concepto de víctima del franquismo en la nueva ley termina con la promulgación de la Constitución en 1978, con lo que un tiempo de propina tan amplio para el estudio de violaciones de derechos y libertades ya en democracia es confuso y siempre habrá quien pida llevarlo un poco más allá cada vez.

La cuestión es que no podemos estar haciendo leyes infinitas sobre memoria histórica (o democrática, como llaman ahora), que se conviertan en un arma arrojadiza entre bloques. En realidad, no hacía falta un nuevo texto para acabar de complementar la de 2007, pues lo sustantivo se podía sacar adelante mediante decretos u órdenes, en base a informes de los expertos que ya existen. Por ejemplo, para cambiar el nombre al Valle de los Caídos por el de Cuelgamuros, o desplazar los restos de José Antonio Primo de Rivera del lugar preeminente que ocupa en la basílica que se hizo construir el dictador, no hacía falta una nueva ley. El PP debería asumir como propia la de 2007 y las izquierdas dejar en paz la transición.