La patronal Foment del Treball y la Asociación de Propietarios de Cataluña han pedido endurecer la legislación ante lo que han llamado "ocupaciones delincuenciales", de manera que sea posible desalojar "inmediatamente" también las viviendas que estuvieran vacías en el momento de la ocupación.

Así lo han explicado este lunes en rueda de prensa el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Sergi Llagostera; el miembro de la Comisión Jurídica de la patronal, Emilio Zegrí, y la responsable de Relaciones Institucionales de la patronal, Montse Surroca.

El cambio legislativo propuesto consta de tres reformas: el Artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder desalojar de forma inmediata, la Ley de Bases del Régimen Local para que los ayuntamientos coordinen a las fuerzas de seguridad y la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios puedan actuar ante una ocupación en su finca.

Las propuestas, han señalado, van alineadas con el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y con el PDeCat, que presentó en junio una proposición de Ley en el Congreso en este sentido.

La patronal ha alertado de una subida de un 18% de las ocupaciones de vivienda en España en 2021, de las cuales el 42% tuvieron lugar el Cataluña, y han advertido sobre la situación de "alarma social" que provocan, en muchos casos en manos de "mafias". En Barcelona, sin embargo, según datos del Ayuntamiento, las ocupaciones descendieron entre 2019 y 2021. El año pasado, además, todos los casos se dieron en viviendas vacías y tres de cada cuatro eran de grandes propietarios.

De hecho, la ley distingue entre la entrada a una vivienda que es de uso habitual (en este caso, el delito sería de allanamiento de morada y la actuación policial, rápida) y la ocupación de un piso vacío (el delito sería de usurpación de bienes inmuebles y el desalojo puede alargarse).

Sin excepción para familias vulnerables

Sobre si estas modificaciones tendrán en cuenta la posible situación de vulnerabilidad de las familias que ocupan, Zegrí ha señalado que establecer "una tipología antes del proceso penal es casi imposible". Sin embargo, existen informes de Servicios Sociales que acreditan la vulnerabilidad y que, precisamente, sirven para paralizar desahucios.

Por otra parte, Llagostera ha asegurado que "cuando se produce un desahucio, si hay gente vulnerable, se llama a Servicios Sociales y nadie se queda en la calle". Sobre este hecho, asociaciones de defensa de la vivienda critican que las alternativas inmediatas ofrecidas por estos servicios suelen ser pensiones temporales, y la mesa de emergencia para realojar a familias vulnerables tiene una larga lista de espera.

Ante la dificultad de acceso a la vivienda, para Foment y los propietarios "no puede ser que las administraciones trasladen el problema a los ciudadanos", en referencia, entre otras cosas, a las leyes catalanas que obligan a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social en caso de impago por parte de personas vulnerables. En este sentido, reclaman que se construya más vivienda pública y asequible.

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Sobre esta dificultad de acceso a la vivienda, entre 2013 y 2019 los precios de los alquileres en España subieron un 50%. En septiembre de 2020, el Parlament de Cataluña aprobó una ley para regular los precios que, según el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, ayudó a reducirlos durante el año y medio que estuvo en vigor hasta que, el pasado marzo, el Tribunal Constitucional tumbó la norma.

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Preguntado por si plantean posibles soluciones para facilitar el acceso a la vivienda en el mercado de titularidad privada, Sánchez Llibre ha vuelto a insistir en que es la administración quien debe crear más vivienda pública. "Ha habido un incremento del precio del alquiler considerable, pero no es menos cierto que ha habido poca vivienda pública de protección oficial", ha remarcado.

"La ocupación es el tema recurrente en verano"

Lucía Delgado, portavoz de la PAH, critica, en declaraciones a 20minutos, que "la ocupación es el tema recurrente en verano" y ha asegurado que desde la plataforma están de acuerdo en que "hay que combatir el fenómeno de la ocupación", pero que, para ello, "se tienen que evitar los desahucios y hacer que los precios de los alquileres sean asequibles" y no "criminalizar" a familias vulnerables.

Respecto a la crítica a la ley que obliga a los grandes propietarios a ofrecer alquileres sociales, Delgado remarca que muchos de ellos son entidades que "fueron rescatadas y no dieron nada a cambio", por lo que "va siendo hora que nos devuelvan el rescate". "Se habla de ocupación para no hablar de los miles de pisos que tiene la Sareb", lamenta.

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En cuanto a la reforma para endurecer la legislación contra las ocupaciones, ha señalado que "estas leyes no van a hacer que se deje de ocupar. Lo que necesitamos son leyes que garanticen el derecho a la vivienda y no criminalicen a las familias que se han visto imposibilitadas para acceder a una vivienda y la única alternativa que les ha quedado ha sido la ocupación en precario".