El Congreso da el sí a la nueva ley de ciencia que busca más financiación, retener y captar talento y la estabilidad de los investigadores

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, interviene en una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2022, en Madrid (España).
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, interviene en una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2022, en Madrid (España).
Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley de ciencia impulsada por el Gobierno con el afán de atraer y mantener el talento científico mediante, entre otras vías, la estabilización de la carrera profesional. El texto ratificado en el Pleno ha introducido una serie de modificaciones fruto de las negociaciones de los grupos parlamentarios en las últimas semanas, relativos a la labor de investigación en el ámbito hospitalario, al blindaje de la inversión en el sector o a la garantía de los derechos, no solo de los investigadores, sino también del personal técnico. 

"Estamos ante un texto que nace del diálogo", ha destacado la ministra de Ciencia, Diana Morant, durante el debate parlamentario. La norma, que fue impulsada por su antecesor, Pedro Duque, de quien recibió el encargo de desarrollarla, nace, según ha subrayado Morant, de la necesidad de "resolver los problemas más acuciantes" del sistema. "Tengo la certeza de que estamos ante la mejor ley posible para un futuro realizable", ha celebrado. Tras haber sido aprobada sin ningún voto en contra (Vox, PNV, BNG, CUP y Junts se han abstenido), la norma pasará ahora al Senado, donde se podrán introducir más modificaciones antes de ser aprobada definitivamente. 

El último cambio, añadido a última hora, es una enmienda de Unidas Podemos que obliga a la contratación indefinida para los investigadores que trabajen en proyectos financiados con fondos europeos competitivos. Según cuentan fuentes del partido morado a 20minutos, es una medida impulsada con la mirada puesta en reducir la temporalidad entre los investigadores, "una realidad que afecta al 45% de los investigadores en España", subrayan. El objetivo es pasar de ese porcentaje de temporalidad al 20-24%.

Uno de los objetivos prioritarios de la iniciativa es impulsar la ciencia española, y por eso se fija una meta de financiación pública que aumente regularmente hasta alcanzar el 1,25% del PIB para 2030 (ahora está en el 0,58%). Aquí también hay cambios. En el texto inicial, se desvinculaba ese incremento a las "disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio", y el que sale este jueves del Congreso elimina esa distinción. 

En esa línea, y con la finalidad de enmendar la pérdida de talento tras la crisis económica de 2008, la nueva ley de ciencia contempla la creación de un nuevo contrato indefinido para personal de investigación, técnico y de gestión científicos y técnicos, que estará asociado a líneas de investigación. Esta figura contractual no estará sujeta a la oferta pública de empleo ni a la tasa de reposición y, como novedad al texto que salió del Consejo de Ministros, se permitirá que los contratos indefinidos se celebren con personas con experiencia y competencias acordes al puesto, independientemente de su nivel de formación. 

Indemnización pre y posdoctoral

Para bajar la edad media de entrada al sistema y facilitar una incorporación más estable al mismo, se introduce un nuevo itinerario posdoctoral que aumenta la vigencia del contrato de acceso a una duración de entre tres y seis años (hasta ahora era de uno a cinco años) en universidades y organismos públicos. Ese cómputo de duración, no obstante, podrá bloquearse durante los permisos y excedencias por motivos de conciliación. Además, fruto de una de las más de 100 enmiendas que se han incorporado al texto, se contempla el derecho a indemnización de estos contratos, que actualmente no existe. 

Se establecen también dos evaluaciones dentro de ese mismo itinerario posdoctoral. Una primera que, de superarse, supondrá mejoras salariales; y otra que se llevará a cabo a los dos años y que, de aprobarse, otorgará a la persona evaluada el certificado R3 como investigador establecido. Esto supone una serie de beneficios, como no tener que realizar partes de las pruebas para acceder a titular en puestos públicos de investigación, y que se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los Organismos Públicos de Investigación (OPI).

Asimismo, se amplían los derechos para los jóvenes, recogiendo la indemnización por el fin de un contrato predoctoral de 12 días por año trabajado. Igual que con los posdoctorales, esa indemnización se aplicará tanto para los contratos que se firmaran antes de la entrada en vigor de la ley como de los que se firmen de forma posterior. 

Atraer a científicos de prestigio

El texto reformula también la figura de "investigador distinguido" para atraer a científicos de prestigio y tratar de atraer talento extranjero, abriéndoles la posibilidad de opositar si llevan un tiempo en el país. Además, se añade un nuevo punto que permite que el contrato se pueda celebrar también con tecnólogos que gocen de una reputación internacional consolidada basada en la excelencia de sus contribuciones. 

Más condiciones para el personal sanitario

Este ha sido quizás uno de los puntos que más polémica ha generado en las últimas semanas. Inicialmente, el PSOE se cerró en banda a reconocer una carrera al personal técnico de la investigación hospitalaria, pero finalmente se incluyó una enmienda del PP, apoyada por Unidas Podemos, en la que se reconoce la labor de los investigadores sanitarios. Además, se incluye la aprobación de un Estatuto del personal e investigación en el Sistema Nacional de Salud

Menos trabas administrativas

Otro de los bloques de medidas prevé simplificar la justificación de las subvenciones, que se podrá realizar en forma de cuenta justificativa simplificada, y la comprobación será por muestreo. Se permitirá también conceder ayudas directamente a proyectos que hayan sido evaluados previamente por otros agentes públicos españoles. 

Transferencia de conocimiento

Un eje sobre el que también se asienta la iniciativa es el relativo a la transferencia de conocimiento, que se define en la ley como un "derecho, obligación y mérito" en el sistema de ciencia. Y es que, según destaca la exposición de motivos, la inversión privada en I+D de las empresas españolas dista 20 puntos de la que realiza el sector público. En definitiva, y según indica el documento, el panorama de transferencia de conocimiento (patentes, derechos de propiedad intelectual, spin-offs, acuerdos de colaboración, etc.) es "claramente mejorable". Por ello se refuerzan los vínculos bidireccionales entre la ciencia y el ecosistema empresarial, proporcionando incentivos a los investigadores o suprimiendo los obstáculos para realizar transferencia de conocimiento.

Ciencia abierta: repositorios abiertos y gratuitos

Igual que se introdujo en la LOSU, la nueva ley de universidades mandada a la Cámara Baja esta semana, hay un objetivo muy marcado de eliminar las interferencias entre la ciudadanía y la investigación. Se reconoce, en definitiva, la ciencia como "bien común", según reza el texto. Así, se incluyen mejoras, como que los agentes públicos impulsen la difusión en abierto de los datos, códigos y metodologías (y no solo las publicaciones) y se incluye el mandato de fomentar el acceso gratuito y libre a través de los repositorios. 

Como cambios de última hora se ha añadido la obligación de que el personal de investigación deposite una copia de la versión final de sus publicaciones en el mismo instante en el que se publique su investigación, y no en el plazo de 12 meses, como consta en la ley todavía vigente. Además, los beneficiarios de ayudas públicas deberán conservar los derechos de las publicaciones para cumplir los requisitos de acceso abierto que establezcan las convocatorias. 

Atajar la brecha de género

Se incluyen por primera vez artículos específicos sobre igualdad de género, para paliar la brecha existente en el sector entre hombres y mujeres. Para ello se crea un distintivo de igualdad de género para los centros de investigación, universidades y centros de innovación, y se obliga a los agentes públicos a tener un plan de igualdad en el plazo de un año desde que entre en vigor la ley. Adicionalmente, se toman medidas concretas, como programas para apoyar el progreso de las mujeres científicas y medidas de acción positiva. Se busca también acabar con la llamada "ciencia tuerta", la que no aplica la perspectiva de género en sus proyectos, obligando a las universidades y organismos a integrarla, y se establece la obligatoriedad de impulsar mecanismos para eliminar los sesgos de género en los procesos de selección y evaluación.

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