Se ha incluido a última hora, pero finalmente se contempla en la reforma universitaria una exención de los pagos de matrícula para las víctimas de violencia de género y personas con discapacidad. Se trata de una medida que venían reclamando distintas asociaciones en los últimos meses y que finalmente se ha introducido en la nueva ley de universidades, la LOSU, que salió este martes del Gobierno para iniciar su tramitación parlamentaria. 

En el artículo 32 del texto, se fija que el estudiantado con discapacidad y las víctimas de violencia de género "y otras formas de violencia contra la mujer" tendrán derecho a una "bonificación total por los servicios académicos universitarios liquidados en la matrícula". De igual modo, se contempla que el carácter de víctima de violencia machista o la discapacidad sea un criterio a tener en cuenta (junto con los demás) a la hora de conceder las becas y ayudas al estudio. 

Esto es algo que ya se contempla en la norma que todavía está en vigor -la LOU- pero que no se había detallado hasta ahora en ningún borrador del ministro de Universidades, Joan Subirats. Y es que, según denuncia la presidenta de la Federación Mujeres Jóvenes, Ada Santana, "aún hay comunidades autónomas que incumplen con esta disposición", por lo que, de no haberse incluido en la futura ley podría haber supuesto "un gran retroceso". 

Las universidades tendrán que reducir la temporalidad de sus docentes al 8%, según la nueva ley del sector que inicia su tramitación

Con todo, desde la Federación van más allá. Instan a Subirats a usar la nueva norma como una "oportunidad" para "armonizar los criterios" a los que se atienen las comunidades autónomas a la hora de conceder esas ayudas, y exigen que se haga en función de la edad. Su propuesta es que se fije en los 26 años la edad límite para que los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género puedan beneficiarse de esa exención de las tasas de la matrícula de las universidades públicas. 

Su reivindicación va en línea con la expresada recientemente por la Fundación Mujeres. En un informe publicado antes de que la LOSU saliera del Consejo de Ministros, se exigió que las ayudas relacionadas con el desarrollo de estudios "de cualquier nivel" y dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género fueran igualmente aplicables a sus hijos, sobre todo si estos quedaron huérfanos, e independientemente de si sigue en vigor cualquier medida de protección judicial. 

También en el último momento y en el mismo apartado se incorporó que los alumnos puedan acceder a las becas atendiendo a su "origen nacional y étnico". La concesión de estas ayudas, destaca el articulado, seguirá respondiendo de forma "prioritaria" a los criterios socioeconómicos (como se venía haciendo hasta ahora), pero podrán tenerse en cuenta también otros, como las "circunstancias sociales", "cargas familiares" y "otras características específicas del estudiantado".

La futura ley de universidades, que iniciará la próxima semana su tramitación en el Congreso de los Diputados, incluye otras modificaciones como el mandato de reducir "en los próximos años" la temporalidad de los docentes al 8%, el reconocimiento del paro académico, una inversión del 1% del PIB o la obligación de que los nuevos profesores hagan un curso durante su primer año de docencia.