Apenas un día después de que el Gobierno aprobara un proyecto de ley para hacer que la sanidad pública sea prioritaria y la privada solo una "excepción", la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha admitido que la futura norma no limitará tanto como sería deseable la gestión indirecta, que "dependerá" de las circunstancias en las comunidades, que hoy se dividen entre aquellas que recurren de forma normalizada a la sanidad privada y aquellas en las que esta opción es meramente testimonial.

"Dependerá de las situación objetiva de cada comunidad autónoma", ha respondido Darias en una rueda de prensa al término del Consejo Interterritorial de Sanidad al ser preguntada sobre si la futura ley reducirá las privatizaciones o permitirá que las comunidades que lo deseen reviertan los conciertos público-privados.

"Hay una deriva importante hacia lo no público y esta ley pretende establecer el reforzamiento de las bases del sistema público de salud", ha apuntado la ministra, que también ha recordado que el Gobierno tiene previsto acordar con las comunidades los criterios o "indicadores" que pueden servir para permitir que una autonomía recurra de forma "excepcional" a la gestión indirecta, es decir, privada, de la sanidad.

"Dependerá de las necesidades de cada comunidad autónoma y de la optimización de sus recursos. Las realidades pueden ser distintas", ha dicho sobre una ley que en principio busca generalizar la sanidad pública.

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Esta cuestión no figuraba en el orden del día de la reunión que la ministra y los consejeros de Sanidad han celebrado este miércoles en Valencia, solo un día después de que el Gobierno aprobara el proyecto de ley de Equidad, Cohesión y Universalidad que convertirá en prioritaria la sanidad pública, de gestión directa por parte de las administraciones públicas o conciertos 100% públicos, y convertirá la gestión privada en una "excepción" que deberá justificarse por motivos relacionados con la optimización de los recursos de las comunidades o cuando estas no tengan capacidad para garantizar el servicio de forma pública.

La norma nace con dudas sobre el encaje competencial que tendrá en comunidades donde la sanidad privada forma parte de su ordenamiento sanitario, sobre el riesgo de litigios contra el Gobierno por parte de empresas privadas dedicadas a la sanidad por la derogación del decreto de 1997 por el que el Gobierno de José María Aznar permitió las privatizaciones y,  la inversa, también con críticas, por parte del otro socio del Gobierno, Unidas Podemos, que alerta de que "no servirá de nada" y reprocha al ala socialista de no prohibir totalmente la gestión indirecta.

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Darias aseguró este martes en Moncloa que la ley "respeta exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades" y este miércoles ha recordado desde Valencia que en la elaboración del proyecto de ley también han participado órganos del Consejo Interterritorial.

Sobre las críticas de su socio de gobierno, que exige que la ley se modifique en el Congreso, Darias ha abierto la puerta a tal cosa, aunque sin especificar en qué sentido, si para cerrar el paso completamente a la sanidad privada como pide Unidas Podemos o para permitir que las comunidades puedan seguir decidiendo sobre la privatización de sus sistemas de salud.

"Cuando un proyecto de ley va a las Cortes Generales, lo que uno espera y desea es que el legislador haga su trabajo", ha dicho.

Salud bucodental

Por otra parte, los consejeros autonómicos han aprobado por unanimidad el reparto del fondo de 44 millones de los Presupuestos Generales del Estado para financiar de forma homogénea en todas las comunidades tratamientos bucodentales para grupos de población declarados "prioritarios": niños de 0 a 14 años, a mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes en tratamiento oncológico. Sin embargo, no todos empezarán a acceder a estas prestaciones a la vez. Según ha explicado  Darias, este año solo tendrán revisiones o empastes gratuitos a través de este plan los niños entre 6 y 14 años y las mujeres embarazadas y se continuará con el resto de grupos a lo largo de los dos próximos años.

"En este primer año, va a ir la población infanto-juvenil de 6 a 14 años y las embarazadas; el siguiente abordaremos el tema de las personas con discapacidad y al siguiente al colectivo de 0 a 5 años, que se es más complicado por l aparte de la prevención y personas con diagnóstico oncológico", ha explicado.

Este reparto, en función de la población INE de cada colectivo, era el paso siguiente después de que este martes el Consejo de Ministros aprobara un plan que el Gobierno calcula que beneficiará a unos siete millones de personas para ampliar la cartera de prestaciones sanitarias en el área bucodental y "homogeneizar" los servicios que en ese área ofrece la sanidad pública de cada autonomía.

Numerosas comunidades que, como Madrid, Andalucía, Extremadura, Valencia o  Cataluña, hacen ya revisiones o empastes a los niños como un servicio más de la sanidad pública, pero la idea ahora es que en todas las autonomías exista un nivel mínimo de prestaciones, que deberá incluir lo que contempla el plan: revisiones periódicas y la determinación de riesgo de caries, tanto en niños con dientes de leche como si ya han cambiado la dentadura definitiva, la prevención de las caries con sustancias remineralizantes, antisépticas y desensibilizantes y empastes en la dentadura definitiva y actuaciones de mínima intervención cuando todavía se trate de dientes de leche. 

Una vez que se haga efectivo el reparto de los 44 millones no significará que se destinará a las autonomías que no los ofrecen, sino que se financiarán en todas por igual y las que ya lo hacen podrán dedicar los recursos que destinan a salud bucodental a otros fines. "Si una comunidad ya lo hacía puede destinar sus recursos a otros usos", ha dicho Darias.