La Fiscalía acusa a la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, de urdir un plan para ocultar el caso de abusos sexuales por parte de su exmarido a una menor tuletada por la Generalitat y de desacreditar con una investigación paralela a la víctima. En un escrito de 71 páginas remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el que estima que este órgano es competente para investigar a Oltra como aforada en Les Corts, el ministerio público reitera en varias ocasiones que desde la Conselleria que dirige Oltra "se realizó una investigación superficial, interna, en la que se percibe indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos". Es más, apunta a la existencia de una "directriz de actuación" por parte de políticos y funcionarios que intervinieron esa investigación interna para "disminuir la importancia y ocultar los abusos".

El documento desgrana por periodos de tiempo cómo ocurrieron los hechos en opinión de la Fiscalía y concluye que los mismos podrían ser constitutivos de tres posibles delitos: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.

En el texto se lanzan además varios interrogantes en relación con la actuación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Oltra: "A la luz de las actuaciones podría alegarse que algún funcionario, técnico, psicólogo, etc., se equivocó, pero ¿todos?; ¿todos se equivocaron?", afirma la Fiscalía.

Del mismo modo, apunta que el "beneficiario directo" era Luis Eduardo R. I., el exmarido de Oltra, entonces educador en el centro en el que ocurrieron los hechos por los que fue condenado a cinco años de prisión, y destaca que la vicepresidenta era "superior jerárquica de los funcionarios intervinientes y beneficiaria también, de esa manera de proceder, en cuanto le beneficiaba a su marido ocultando los abusos y a ella en cuanto era un medio idóneo para eludir las posibles responsabilidades políticas y/o penales".

Podría alegarse que algún funcionario, técnico, psicólogo, etc., se equivocó, pero ¿todos? ¿todos se equivocaron?

En esta línea, el ministerio público aprecia "una voluntad" de abrir un expediente "para desacreditar a la menor y exculpar a la Conselleria" una vez se inició el procedimiento judicial, lo que en última instancia, afirma, beneficiaría "al autor material de los hechos, a Oltra y a todos los intervinientes". La Fiscalía también describe cómo la menor informó de los abusos, el 13 de febrero de 2017, a una trabajadora social y, de ahí, se trasladó hasta a cinco personas más sin que se denunciaran los hechos: "Tenemos, pues, una actuación incompatible e incomprensible con la gravedad de los hechos", sostiene.

El documento afirma que, una vez la Conselleria supo de los abusos, "no solo no se denuncian los hechos, sino que tampoco se ponen en conocimiento de la Policía, ni de la Fiscalía de Menores ni de la Administración de Justicia". Además, al ministerio público le resulta "curioso" que en las anotaciones y textos en los que se hace referencia al educador no se hace constancia de los apellidos, solo se indica: "Luis R.".

"No solo no se denuncian los hechos, sino que tampoco se ponen en conocimiento de la Policía, ni de la Fiscalía de Menores ni de la Justicia"

Los hechos no trascendieron hasta pasados cuatro meses, cuando la menor los pudo relatar a agentes de Policía. "Estos comportamientos evidencian indicios, de una intensidad bastante, que dejan entrever de nuevo la escasa, desidiosa o nula voluntad de proceder al esclarecimiento de los hechos", insiste. Así, a su juicio, "carece de sentido tal expediente, máxime cuando ya habían pasado casi seis meses de la manifestación de la menor sobre los abusos y se seguían diligencias en el juzgado sobre esos hechos", concluye.

Las claves: gestión bajo sospecha de la Conselleria

¿Cuál es el origen del caso? El caso se remonta a febrero de 2017, cuando una menor tutelada en un centro de acogida de la Generalitat (que entonces tenía 14 años) puso en conocimiento de los responsables del mismo que había sufrido abusos por parte de uno de los educadores, Luis R. I., entonces pareja de la vicepresidenta. Por aquellos hechos, el acusado fue condenado a cinco años de cárcel en marzo de 2021.

¿Qué papel tuvo la Conselleria? La investigación actual se centra en el proceso interno abierto en el departamento que dirige Oltra para, supuestamente, esclarecer los abusos.

¿Qué dijo el juez de instrucción? El juez sospecha que aquello no fue más que una simulación o investigación "parajudicial" con el objetivo contrario, es decir, encubrir lo que había pasado desacreditando la versión de la víctima.

¿Cuántas personas están imputadas? Hasta el momento son 13 personas, la mayoría cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y personal técnico que intervino en aquel proceso.

¿En qué punto se encuentra la investigación? El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) debe decidir si acepta la causa remitida por el juez de instrucción por la condición de aforada de Oltra, extremo que apoya la Fiscalía. Si lo hace, la dirigente autonómica será llamada a declarar en calidad de investigada.