La Fiscalía Anticorrupción ha defendido la legalidad de los audios que dieron origen a la causa de Imelsa al tiempo que ha insistido en la financiación irregular del PP: "Sí había una caja B del PP que era pagada por los empresarios".

Así se ha pronunciado el fiscal de Anticorrupción, Pablo Ponce, durante la exposición de sus conclusiones en la décima tercera sesión del primer juicio que se sigue en la Audiencia por la pieza Thematica del caso Imelsa, que ha alcanzado ya la fase final de informes, en la que hay nueve acusados por supuesto desvío de fondos públicos a empresas como Thematica.

Reparto de comisiones

El fiscal ha intervenido durante algo más de dos horas para dibujar al protagonista de esta causa, el exgerente de Imelsa y autodenominado "yonki del dinero", como un "recaudador" de comisiones ilícitas tanto para el partido, como para su círculo cercano de compinches políticos y para él mismo, y ha considerado perfectamente válidas las grabaciones que realizó durante años como un "seguro de vida", reiterando que los audios aportados al procedimiento no están manipulados.

Ponce ha puntualizado que el propio investigado, para quien pide ocho años y tres meses de prisión, daba detalles a la Guardia Civil cuando se reproducían al inicio de la investigación. "En ningún momento comentó ninguna manipulación", ha subrayado.

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Tras repasar toda la supuesta actividad delictiva desplegada por los procesados a través de empresas pantalla y contratos fraccionados, Ponce se ha detenido de forma incisiva en el papel que jugó el PP, recordando pronunciamientos judiciales recientes contra el partido y su caja B y alegando que "la fiesta electoral del PP la pagó Imelsa".  

"En diciembre de 2020 el Supremo condenó al PP como responsable civil subsidiario por unos pagos realizados a través de un ayuntamiento. Para considerar responsable al partido es necesaria la vinculación de la persona que realiza el gasto con la persona que lo paga. Los gastos electorales se realizan en beneficio del PP, eso es lo relevante, aunque sea de forma díscola o no autorizada. Es conocido que (Juan José) Medina era coordinador de campaña y que el pago no abonado por el PP le beneficia", ha apuntado el fiscal.  

Para considerar responsable al partido es necesaria la vinculación de la persona que realiza el gasto con la persona que lo paga

Y es que el letrado del PP, Jorge Carbó, ha señalado que "como explicó el gerente del PP, todos los candidatos tienen asignada una cantidad que se determina desde Madrid, pero podemos entender que personalmente pueda resultar frustrante que un candidato pueda querer hacerse un cartel con su foto o más publicidad".   

Réplica del partido

"Desde luego eso es irregular, el PP no lo consiente y tiene normas para evitarlo, pero entendemos que aunque el partido no haya pagado esos gastos, no se puede determinar que los haya abonado una empresa pública", ha Admitido el letrado del PP.  

A juicio del fiscal, no es casualidad que se produjese un fraude electoral en Vilamarxant (por parte del actual diputado nacional del PP y exalcalde, Vicente Betoret, aunque esta parte del sumario se considera prescrita) y Moncada "porque se conforma una unidad de voluntades entre Betoret, Benavent, Medina y (Alfonso) Rus para repartirse dinero procedente de comisiones ilícitas. Por eso no es de extrañar que Thematica -firma que el fiscal sostiene que estaba controlada por Benavent- trabaje en estos dos municipios".