Las listas de espera conforman, hoy en día, una de las mayores problemáticas del Sistema Nacional de Salud frente a la que deberíamos actuar de inmediato si no queremos lamentar los agravamientos patológicos más que predecibles que pueden desencadenarse a corto, medio y largo plazo en el ámbito asistencial. Si la sabiduría popular nos advierte de que "el que espera, desespera", la medicina nos enseña que la demora en un diagnóstico supone el empeoramiento del estado de salud del paciente.

La desprogramación hospitalaria y el miedo derivado de la pandemia a acudir a los centros sanitarios para recibir atención médica produjo un significativo descenso de entradas en listas de espera de consulta a especialistas y quirúrgicas en el conjunto de la sanidad, pública y privada. Una demanda de atención sanitaria oculta que desde ASPE no nos hemos cansado de advertir y que desde 2021 está aflorando de forma sensible; y, de paso, poniendo en jaque la capacidad asistencial en todo el territorio nacional.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, más de 706.000 pacientes estaban a 31 de diciembre de 2021 en lista de espera para operarse en la sanidad pública, la cifra más alta de la serie histórica iniciada en 2003. La previsión es que en junio de 2022 las listas de espera para intervenciones quirúrgicas sean aún superiores debido al incremento de los pacientes en espera de primera consulta de especialidades que se sumaron entre junio y diciembre de 2021.

Existen notables diferencias dependiendo de la región en la que se vaya a realizar el procedimiento quirúrgico

Existen notables diferencias dependiendo de la región en la que se vaya a realizar el procedimiento quirúrgico. Actualmente, en Aragón el paciente debe esperar 183 días de media para ser operado, 156 días en el caso de Cataluña, 146 en Cantabria, 145 en Extremadura y 144 si se reside en Canarias. En cambio, se reducen prácticamente a la mitad los tiempos en País Vasco (71 días), Comunidad de Madrid (73) y Galicia (77). Si en España entendemos nuestro modelo de salud como universal y equitativo, no parece justa esta disparidad cuando existen alternativas para corregir una desigualdad que no debería existir entre ciudadanos en función de su lugar de residencia.

El ejemplo más evidente del modo de actuación responsable lo encontramos al analizar la decisión de la Consejería de Sanidad de Castilla y León dando un paso recientemente para encarar el problema. De un lado, ha aprobado el aumento voluntario de la jornada laboral de los sanitarios y, de otro, ha anunciado que hará uso del concierto externo con el objetivo de reducir en 21 días la demora media de las listas de espera en los próximos seis meses. Tomar medidas concretas y apoyarse en la infraestructura de la sanidad privada creemos, sin duda, que es el camino más apropiado. ¿Por capricho? No, por salud pública, por legalidad y por responsabilidad.

Nuestra infraestructura debe ser empleada sin dilación y dejando a un lado el inmovilismo

Por salud pública, porque está en juego la salud de millones de ciudadanos que necesitan una operación, una prueba diagnóstica o una consulta especializada y, ante eso, nuestra infraestructura debe ser empleada sin dilación y dejando a un lado el inmovilismo.

El sector de la provisión sanitaria es parte fundamental del Sistema Nacional de Salud, con el 56% total de hospitales y el 32% del total de camas existentes en España, además de más de 12.000 centros extrahospitalarios.

Por legalidad, porque las administraciones sanitarias autonómicas tienen un compromiso de Garantía de Respuesta Asistencial, que se activa cuando se excede el tiempo máximo establecido para que un ciudadano reciba asistencia médica. Si la espera supera ese tiempo máximo en un centro de la red pública, la consejería de Sanidad competente está obligada a ofrecer al paciente la posibilidad de recibir la prestación en un centro concertado. Pues bien, estos procedimientos reglados no se están aplicando en miles de casos por incumplimiento de las Administraciones y por desconocimiento del derecho por parte del ciudadano.

El desbarajuste de aplicación de esa normativa, recogida en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad, lleva incluso a que haya autonomías que no han establecido tiempos máximos para el acceso a su cartera de servicios. No es asumible por sus gobernados.

Ante la demanda asistencial enquistada en listas de espera crecientes la red pública debe tomar la iniciativa sin titubeos

Y, por último, por responsabilidad, porque ante la demanda asistencial enquistada en listas de espera crecientes la red pública debe tomar la iniciativa sin titubeos y apoyarse en nuestra capacidad y eficiencia demostrada durante la pandemia (y, dicho sea de paso, desde nuestra colaboración como parte del SNS desde la Ley General de Sanidad de 1986) para reducir la preocupante demora asistencial que atravesamos. Y en esto, el único abordaje posible es unificar los recursos disponibles. Todos los recursos disponibles, públicos y privados.

Frente a quienes nos tildan de pretender despojar al ciudadano de una sanidad pública de calidad, nosotros contestamos que creemos firmemente en la universalidad y la cohesión que favorece el sistema público, como parte esencial de nuestro Estado del Bienestar, y que somos un recurso flexible y complementario cuando la administración sanitaria así lo requiere. Y ahora lo requiere. La sanidad privada, tal como hemos demostrado en la pandemia, sigue a disposición constante de las administraciones sanitarias, sin distinciones ni consignas.

En este punto, conviene no olvidar algo muy relevante: Por lo general, el sistema concesional de infraestructuras sanitarias públicas con soporte en la gestión privada opera en condiciones significativamente más ventajosas en costes que cuando lo hace a precios públicos. Los precios medios concertados de procedimientos como cataratas, intervenciones de cadera o rodilla, entre otros, son significativamente inferiores a los precios públicos, con tarifas que van desde un 26% a un 54% menos.

Por tanto, actuemos y trabajemos de forma coordinada y homogénea para garantizar la asistencia sanitaria de calidad al conjunto de nuestra ciudadanía. Y hagámoslo sin riesgo de inequidad en función del territorio de residencia antes de que el paciente desespere y agrave su salud definitivamente.