El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sigue dando pasos para decidir si se declara competente en la causa que afecta a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aforada ante este tribunal por su condición de diputada autonómica, por encubrir presuntamente el caso de abusos sexuales por el que fue condenado su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat. El TSJCV ha notificado este martes una diligencia de ordenación por la que se da audiencia a las partes personadas en la causa remitida por el Juzgado de Instrucción 15 de València para formular alegaciones sobre la competencia de la Sala de lo Civil y Penal.

De este modo, el tribunal da dos días a la Fiscalía y a las otras dos acusaciones (la asociación Gobierna-Te y Vox) y a las defensas para que aleguen ante la inminente decisión del tribunal de asumir o no la causa. Si finalmente se declara competente, se abriría el escenario de llamar a declarar a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de Compromís como investigada (antes imputada). La resolución es recurrible en reposición en el plazo de tres días, según se refleja en el documento judicial.

El caso que afecta a Oltra se remonta a febrero de 2017, cuando una menor tutelada en un centro de acogida de la Generalitat (que entonces tenía 14 años) puso en conocimiento de los responsables del mismo que había sufrido abusos por parte de uno de los educadores, Luis R. I., entonces pareja de la vicepresidenta. Por aquellos hechos, el acusado fue condenado a cinco años de cárcel en marzo de 2021 -sentencia ratificada por el TSJCV en septiembre de ese mismo año-.

Sin embargo, la investigación actual se centra en el proceso interno abierto en el departamento que dirige Oltra para, supuestamente, esclarecer los abusos. El juez sospecha que aquello no fue más que una simulación o investigación "parajudicial" con el objetivo contrario, es decir, encubrir lo que había pasado desacreditando la versión de la víctima, y por eso ha imputado a 13 personas, la mayoría cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y personal técnico que intervino en aquel proceso.

La instrucción judicial tiene su origen en dos denuncias: una de la víctima, representada por el abogado José Luis Roberto (líder de España 2000), y otra de la asociación Gobierna-Te que dirige Cristina Seguí, próxima a Vox en sus inicios. Este último partido está personado como acusación popular.

Oltra replicó que fueran a por ella, pero, para que pueda ser investigada, el titular del juzgado número 15 de València, que ve "indicios racionales y sólidos" de la participación de la vicepresidenta en los hechos, ha tenido que remitir una exposición razonada al TSJCV, ya que, como diputada, es aforada ante este tribunal. La pelota está, pues, en el tejado de los tres magistrados que decidirán si comparten las tesis del juez de instrucción y si, por tanto, asumen la causa para investigar a la número 2 del Gobierno valenciano.