La paz sigue siendo un sueño en un país de excesos como Colombia. Se firman acuerdos de paz, se desmilitarizan miles de uniformados, disminuye significativamente la violencia relacionada con el conflicto armado. Las buenas noticias duran un año, dos años, quizá tres. Hasta que de repente se disparan los asesinatos, las masacres y el desplazamiento forzado y masivo de la población civil.
Ocurrió a finales de los años ochenta cuando varios grupos guerrilleros se desarmaron y decidieron dedicarse a la política. En pocos años miles de militantes de la Unión Patriótica, el partido de izquierda donde se congregaron los antiguos uniformados, yacían en los cementerios, incluidos varios de sus candidatos presidenciales y electorales.
Y vuelve a ocurrir hoy tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno que puso fin a más de medio siglo de una guerra abierta responsable de que el país batiera récords mundiales con millones de desplazados y refugiados.
Desde el 1 de enero han sido asesinados 75 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y 20 excombatientes de las FARC firmantes del acuerdo de paz que hay que sumar a los casi 300 asesinados en los últimos cuatro años. Al mismo tiempo se han producido 40 masacres (así se denomina al homicidio simultáneo de tres o más personas) que suman más de 150 muertos.
Ni siquiera el largo confinamiento de ocho meses en 2020 por el impacto de la pandemia de COVID-19 influyó para que la violencia disminuyera. Al contrario, 2020 fue un año extremadamente violento, con 91 masacres y 381 muertos en 66 municipios del país. La violencia continuó en 2021, con otras 96 masacres y 338 víctimas, según cifras recogidas por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ).
El informe de la prestigiosa organización Human Rights Watch sobre Colombia es demoledor. "La población civil en varias regiones del país sufrió graves abusos cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla histórica de Colombia, disidencias de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo", atestigua el último informe.
La guerra se ceba con los civiles
Una minoría de guerrilleros disidentes de las FARC rechazó el acuerdo de paz y se negó a entregar las armas. Otros guerrilleros que se desarmaron en un principio crearon nuevos grupos y volvieron a realizar ataques violentos. En la decisión de este 20% influyó el asesinato de centenares de sus compañeros y la indefensión en que vivían una vez abandonadas las armas. La violencia desatada entre las propias disidencias guerrilleras provocó el año pasado el desplazamiento masivo de 23.000 personas en el departamento de Nariño, aunque el dato positivo es que han disminuido los secuestros en un 95% desde la firma de la paz.
Más de 500 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde 2016, convirtiendo a Colombia en uno de los países del mundo con más crímenes. La organización humanitaria recuerda que otros miles de defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y activistas comunitarios “han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia constantes” y el Gobierno no ha adoptado medidas de protección suficientes para evitar los ataques.
La guerra en Colombia ha dejado 262.197 muertos de los que 215.005 eran civiles y 46.813, combatientes. Cinco civiles por cada militar, es decir, el 80% de las víctimas, es el resultado de las brutalidades ocurridas entre 1958 y 2018, según los datos recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, liderada por el prestigioso jesuita Francisco de Roux, presentará su informe a finales de junio tras la celebración de la presumiblemente segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 29 de mayo.
Será el resultado de cinco años y medio de un trabajo exhausto que ha obligado a los comisionistas e investigadores a recorrer todo el país para recabar los testimonios de las víctimas.
En una entrevista realizada en noviembre de 2021 con la agencia informativa del Vaticano, De Roux adelantó algunas cifras terribles: “8.675.000 colombianos (casi una quinta de la población colombiana) forman parte del registro oficial de víctimas por diferentes motivos. Además, hay 82.000 desaparecidos, se han producido 2.000 masacres, 30.000 secuestros, 18.000 ejecuciones extrajudiciales y 25.000 personas han quedado mutiladas por minas antipersonas”.
Crímenes de guerra y de lesa humanidad
La desmovilización de las organizaciones paramilitares entre 2003 y 2006, “que tenían estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos”, según Human Rights Watch, permitió a miles de colombianos conocer el paradero de los desaparecidos.
La Ley de Justicia y Paz de 2005 ofreció una reducción de las penas a los paramilitares que confesasen sus crímenes y ayudasen a encontrar a miles de víctimas, enterradas clandestinamente en lugares inaccesibles y ocultos de la compleja orografía de un país de más de un millón de kilómetros cuadrados. Unos 4.000 paramilitares de los 30.000 desmovilizados colaboraron con la Justicia y unos 650 fueron condenados a penas de cárcel.
En enero de 2021 una sala judicial de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras el acuerdo de paz, acusó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a ocho miembros de la cúpula de las FARC por los miles de secuestros (79% de hombres y 21% de mujeres) que sus unidades armadas realizaron desde 1982.
La magistrada fue muy clara en su alegato: “No eran excesos ni errores, sino crímenes de guerra”. El presidente del tribunal fue aún más explícito: “Durante los secuestros hubo tortura y en muchos casos violencia sexual. Los trataban como animales”.
"Falsos positivos"
El Estado colombiano también actuó sin piedad con sus víctimas. La JEP acusó en julio de 2021 a varios oficiales y suboficiales del Ejército por su participación en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, una modalidad criminal que incrementaba el número de bajas de guerrilleros que, en realidad, eran civiles que habían sido citados en otras ciudades con ofertas falsas de empleo.
Los civiles, pertenecientes a los extractos más humildes de la sociedad, incluidas personas con discapacidades intelectuales, eran asesinados y presentados como peligrosos guerrilleros. Entre 2002 y 2008 unas 6.000 personas fueron asesinados y presentados como “falsos positivos”.
La mayoría de estas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa y posterior presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, escandalosamente premiado en 2016 con el Nobel de la Paz. Quizá algún día ambos sean juzgados por estos crímenes execrables.
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