El Gobierno ha dado luz verde a la reforma de ley del aborto. No se trata de una ley nueva, sino de una modificación de la actual, aprobada en 2010. Los socios del Ejecutivo llevan más de un año trabajando en la norma, en "un proceso de negociación bastante duro", a pesar de que desde el inicio había ciertos puntos de consenso.  

El primero de los aspectos de acuerdo era enmendar la reforma del PP de 2015 y eliminar la exigencia del consentimiento paterno para interrumpir voluntariamente el embarazo para las mujeres de 16 y 17 años y las personas con discapacidad. Otro de los objetivos claros, garantizado por esta nueva ley, era asegurar el aborto en la sanidad pública, puesto que más del 80% se realizan ahora en la privada.

Además, hay 14 provincias españolas en las que no se ha realizado ningún aborto en los últimos 5 años, lo que obliga a muchas mujeres a tener que desplazarse cientos de kilómetros para poder abortar. Para llevarlo a cabo, la propuesta es crear un registro de objetores de conciencia, parecido a la ley de eutanasia.

Además, la ley aborda la salud menstrual y ha aprobado la baja por reglase dolorosas, aunque algunos miembros del Gobierno temían que pudiera suponer un factor de discriminación laboral para las mujeres.

Fuera de la reforma de la ley del aborto queda la reducción del IVA al 4% de los productos de higiene femenina para erradicar pobreza menstrual, que se ha encontrado con la oposición del Ministerio de Hacienda.