El Govern presenta este martes el recurso a la interlocutoria del 25% en castellano

  • El documento presentado al TSJC argumenta que la asociación demandante "no tiene legitimidad". 
  • En pocos días se ultimará un nuevo decreto ley lingüístico "con el máximo consenso de los partidos". 
Pancarta con el lema "Por un país de todos, la escuela en catalán", en una manifestación a favor del modelo de inmersión lingüística.
Pancarta con el lema "Por un país de todos, la escuela en catalán", en una manifestación a favor del modelo de inmersión lingüística.
ACN
Pancarta con el lema "Por un país de todos, la escuela en catalán", en una manifestación a favor del modelo de inmersión lingüística.

El gabinete jurídico del Govern de la Generalitat ha presentado este mismo martes ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el recurso de reposición contra la interlocutoria del Alto Tribunal que insta a aplicar el 25% de clases en castellano en todos los centros educativos catalanes que da como plazo máximo para implantar esta orden hasta el próximo 31 de mayo. 

En su recurso, los abogados del ejecutivo de Pere Aragonès argumentan que la asociación denunciante, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), "no tiene legitimidad, y que el hecho de que la interlocutoria se base en su petición vulnera la ley reguladora de protección administrativa  y es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) que indica que, para defender los intereses de un colectivo se ha de estar habilitado  legalmente". Los letrados solicitan la suspensión de los efectos de la interlocutoria hasta resolver el recurso de reposición "por los graves perjuicios a toda la comunidad educativa a pocos días de acabar el curso".

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha dado todos estos detalles sobre la presentación de dicho recurso tras la reunión semanal del Consell Executiu de cada martes. 

"La interlocutoria recoge que Educació no ha hecho nada para aplicar el 25% de castelano en la escuela, y va más allá de la propia sentencia, incluso considerando que los pasos iniciados por el Govern en esta materia son insuficientes", ha explicado la portavoz. 

"El Supremo expresó que el retraso en la ejecución de la sentencia no implica que se modifique el contenido de la misma, como sí que hace la interlocutoria dictada la semana pasada" por el Alto Tribunal catalán, ha argumentado. 

Plaja ha resaltado que el Govern "actuará en todos los campos para proteger el catalán en las aulas. La situación es compleja con la interlocutoria, y requiere de una respuesta desde diferentes ámbitos, el primero de ellos, la batalla judicial con la presentación del recurso". 

Decreto ley lingüístico "diferente" al inicial

La portavoz ha pedido "máxima discreción" a los partidos políticos "para conseguir el máximo consenso político" para tirar adelante un decreto ley lingüístico "que proteja a los centros y a los proyectos educativos". Plaja ha indicado que este decreto será "diferente" al inicialmente planteado, y que se están "ultimando las modificaciones legislativas necesarias" para blindar el modelo de escuela catalana. El decreto estará listo "en los próximos días", ha asegurado.

"El Govern no se para para combatir este ataque desde el máximo consenso posible. No se contempla la opción de no hacer nada, sería regalar la victoria a aquellos que quieren atacar al catalán y al modelo de éxito de escuela catalana", ha añadido.

Ultimátum de 24 horas de ERC, PSC y 'comuns' a Junts

En el Parlament de Catalunya, este martes por la mañana, los grupos de ERC, PSC y 'comuns' han dado un plazo máximo de 24 horas a Junts para acordar conjuntamente el texto legal con el que se responda a la sentencia del 25% en castellano. Dan a los postconvergentes "una última oportunidad" para que, a pesar de que no se sume, fuerce una Junta de Portaveus extraordinaria en la cámara catalana para que se vote en el Pleno de la semana que viene. 

El texto legal, que no han aclarado si será una reforma de la ley de política lingüística, sí que tendrá que recibir el aval del Parlament. Socialistas, republicanos y 'comuns' piensan que la propuesta de Junts se queda corta, al proponer únicamente "un decreto del Govern". 

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