La Agencia Valenciana Antifraude ha puesto el foco en los contratos de emergencia que suscribió el Gobierno valenciano al inicio de la pandemia de Covid para hacerse con material sanitario. La escasez de estos componentes y el cierre de los mercados disparó los precios e hizo que la Administración autonómica acabara pagando con sobrecostes "cantidades muy importantes" a través de adjudicaciones sin concurso para traer desde China aviones cargados de mascarillas y equipos de protección individual (EPI) para el personal de los hospitales. 

El director de este organismo, Joan Llinares, ha confirmado este martes en la comisión de Hacienda de Les Corts, donde ha comparecido para explicar la Memoria de 2021, que tiene una investigación abierta sobre este asunto, un expediente que está "prácticamente" en fase de finalización. Cuando esté notificado, se ha comprometido a presentarlo a los grupos parlamentarios para dar a conocer dónde se ha "fallado".

Llinares ha expuesto que, en su opinión, en 2020 se produjo un "abuso" de los procedimientos de emergencia y ha pedido "volver a la normalidad" ya que, según ha afirmado, la normativa permite aligerar procedimientos sin necesidad de recurrir a los contratos de emergencia. "Independientemente de la forma, no se pueden eliminar los controles internos", ha añadido.

De hecho, entre los "errores" que se cometieron con esos contratos durante la primera fase de la pandemia, Llinares ha destacado la falta de fiscalización interna. "No habría podido evitar los sobrecostes, pero sí racionalizarlos o darle regularidad a su funcionamiento", ha manifestado.

"Se ha ido normalizando e incluso incrementando"

Según recoge la Memoria de 2021 de la Agencia Antifraude, ya en 2020 se detectó un incremento de la contratación de emergencia por la gestión de la crisis sanitaria. Sin embargo, y una vez superado este escenario, el organismo ha comprobado "cómo se ha mantenido esa contratación" y "se ha ido normalizando e incluso incrementando en el año 2021 con el mantenimiento prolongado de contrataciones con adjudicaciones directas más allá de lo que podría estar justificado".

Por este motivo, la Agencia recomienda a la Generalitat tener "especial cuidado" con estas figuras de emergencia en la contratación pública aplicando la planificación, la justificación "clara" de la causa legal que la ampare, la no renuncia a los controles internos y la adopción de medidas y precauciones en el ámbito de la ciberseguridad.

El PP pide su comparecencia para un monográfico

Por parte de la oposición, el PP ha anunciado que solicitará otra comparecencia en Les Corts del director de Antifraude para que explique con más detalle esta investigación, Ciudadanos ha rechazado que se permita la contratación de emergencia como al inicio de la pandemia y Vox se ha preguntado cuál es la "utilidad" de esta agencia si se limita a realizar recomendaciones.

En cambio, de los representantes del Botànic, el PSPV ha criticado que otros partidos intenten "desacreditar" instituciones que luchan contra la corrupción y que habrían evitado "la situación sobre el hermano de Ayuso" en Madrid, Compromís h achacado los contratos de emergencia a la necesidad de agilizar los procedimientos ante la falta de personal y UP aboga por controlar más el papel de los "agentes corruptores" externos a las instituciones.

En su réplica, ante las alusiones de los diputados a casos de presunta corrupción como Azud o las ayudas a empresas vinculadas al hermano de Ximo Puig, Llinares ha dicho que le "alucina" que no sirvan "para nada" las experiencias del pasado para evitar que se repitan. Eso sí, no ha querido hablar sobre estas investigaciones porque están judicializadas.

Por otro lado, el titular de la Agencia Valenciana Antifraude urge a la ley nacional que armonice la protección de los denunciantes y cifra en 524.000 euros la cantidad recuperada de los 23 millones perdidos en 2021 por las arcas públicas fruto de irregularidades, 20 millones de ellos por un único expediente sobre un PAI no desarrollado en Borriana (Castellón).

500.000 euros del caso de Francis Puig

El diputado del PP Fernando Pastor ha criticado durante su intervención que el director de Antifraude "siga escudándose en las actuaciones judiciales para no informar sobre si la Generalitat ya ha iniciado los trámite para la recuperación de los más de 500.000 euros defraudados por las empresa del imputado hermano de Ximo Puig", Francis Puig, tras las subvenciones concedidas por diversas consellerias de la Generalitat.