El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) intervino los móviles de destacados dirigentes independentistas entre 2017 y 2020, pero sus escuchas no alcanzaron a los más de 60 teléfonos que denuncian los secesionistas, sino a 18. Así lo confirmó a los grupos parlamentarios este jueves la directora del CNI, Paz Esteban, en su comparecencia a puerta cerrada en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Esteban habría acreditado que todos los espiados por los servicios secretos lo habrían sido con permiso judicial y según adelantó TV3, entre ellos se encontraría el actual president catalán, Pere Aragonès.

Fuentes de la Moncloa se limitan a decir que ni ordenaron espiar a Aragonès ni sabían que fue espiado, ya que el servicio secreto actúa con autonomía. Él, sin embargo, pidió públicamente explicaciones pocas horas después de confirmarse que fue uno de los investigados por el CNI y exigió saber quién dio la "autorización política" para ello. Aragonès, asimismo, consideró que la nueva información agrava el caso de espionaje y calificó de "inaplazable" que sea asuman "responsabilidades".

La comparecencia de la número 1 del CNI se celebró después de un par de semanas de polémica por el espionaje a líderes independentistas catalanes y vascos, que se vio profundizada hace unos días cuando el propio Gobierno admitió que los móviles del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, también habían sido infectados con el programa Pegasus. Con esos precedentes, la presencia de Esteban generó una enorme expectación en el Congreso, aunque ERC o EH Bildu ya se mostraban convencidos antes de escucharla de que sus explicaciones no les satisfarían.

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Y, efectivamente, no hubo grandes sorpresas en la reacción de los grupos parlamentarios a la comparecencia de la directora del CNI. Para los independentistas y Unidas Podemos, se quedó corta, no aclaró las principales incógnitas y no sustituye a las responsabilidades políticas que deben asumirse, mientras para el PSOE y los tres partidos del bloque de la derecha (PP, Vox y Cs) las explicaciones de Esteban dejaron claro que el CNI no ha cometido ninguna ilegalidad.

Esa segunda fue precisamente la tesis defendida por Esteban, que sí admitió 18 pinchazos telefónicos en su comparecencia ante los grupos parlamentarios, todos ellos con permiso judicial. Según desveló tras la reunión el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, la directora del CNI se limitó a detallar las escuchas con autorización y, por ende, confirmó lo que ya se había "filtrado" en medios hace días: que los servicios secretos aseguran no tener nada que ver con el resto de los casos de espionaje.

Entre esos dirigentes espiados por el CNI con la autorización de los tribunales se encontrarían pesos pesados del independentismo catalán. Según TV3, más allá de Aragonès, las escuchas habrían afectado a dos miembros del entorno más cercano del expresident Carles Puigdemont: Josep Lluís Alay y Josep María Matamala. También estuvo en el punto de mira de los servicios secretos el líder de la CUP en el Parlament de Cataluña, Carles Riera, o el vicepresidente de la asociación independentista Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

El resto de las escuchas

Mucha menos información se ofreció sobre los pinchazos de los que el CNI no se responsabiliza. Rufián -el único de los portavoces presentes en la reunión que ofreció varias claves de lo allí tratado, pese a tener la obligación legal de guardar secreto- señaló que el CNI "apunta" a que esas escuchas podrían proceder de terceros países o de elementos descontrolados del propio Estado. "Básicamente apuntan a dos vías, una nación extranjera o a organismos del Estado que espían por encima de sus posibilidades legales", señaló en declaraciones públicas, aunque minutos después matizó en Twitter que esa teoría sobre la procedencia de algunas de las escuchas es únicamente una "interpretación" suya.

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Rufián, no obstante, no fue el único portavoz que señaló que la directora del CNI no pudo o no quiso dar explicaciones sobre los dirigentes espiados para los que no había autorización judicial. Su homóloga del PP, Cuca Gamarra, coincidió en que Esteban había acreditado tener permiso para todas las intervenciones de los teléfonos de dirigentes independentistas llevadas a cabo por los servicios secretos. Pero Gamarra también admitió implícitamente la existencia de otro grupo de personas espiadas de las que no hay información, ya que dejó caer que la asunción de Esteban de que todas las escuchas del CNI se hicieron con autorización judicial no implica que "todos" los perjudicados "hayan sido investigados por el CNI".

En la misma línea, Unidas Podemos no quiso descartar la hipótesis formulada por Rufián porque, recordó su portavoz, Pablo Echenique, "ya estaba encima de la mesa". Echenique, como Gamarra, también hizo hincapié en que la directora del CNI únicamente pudo informar de aquellos espionajes realizados por el servicio, que son los puestos en marcha con orden judicial, lo cual abre la puerta a que hayan existido otros sin permiso legal realizados por otros actores. "El CNI no puede informar de aquello de lo que el CNI no conoce, informa de lo que conoce", planteó el portavoz morado.