La desconfianza y la indignación han sido este lunes las principales reacciones del independentismo catalán después de que la Moncloa haya denunciado que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron sometidos a escuchas "ilícitas" a través del programa de ciberespionaje Pegasus. Dirigentes de ERC, JxCat, la CUP y entidades soberanistas han apuntado que el Ejecutivo podría querer tapar así que presuntamente se accedió a los móviles de 63 políticos y activistas vinculados al 'procés'. Además, han mostrado su enojo porque, a su entender, el Gobierno no reaccionó con la misma rapidez cuando fue el independentismo el que denunció.

El anuncio de la Moncloa, que ha coincidido con el día en que Òmnium Cultural y la CUP han presentado las primeras querellas por el caso, en el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, ha sido tildado por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, de posible "cortina de humo para intentar diluir sus responsabilidades". "¿Cuánta verosimilitud le podemos dar?", se ha preguntado, y ha criticado que el Gobierno haya llevado el caso a la justicia y, en cambio, no lo hiciera cuando parecía que los afectados eran solo independentistas.

En la misma línea, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciado a través de Twitter una "doble vara de medir". "Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy, todo son prisas", ha dicho.

También desde el Govern, su vicepresidente, Jordi Puigneró, ha considerado que a Sánchez y Robles el caso "se les ha escapado de las manos", mientras que la portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha afirmado que "el único responsable" de las escuchas es el Gobierno. Ha calificicado de "urgente" una reunión entre Sánchez y Aragonès y ha pedido una "investigación independiente, fiable y rigurosa".

El 'expresident' Carles Puigdemont se ha solidarizado con Sánchez y Robles como "víctimas", aunque les ha reprochado "no haber hecho nada" cuando se denunció desde Cataluña el jaqueo.

"¿Bye Catalan Gate? No cuela", ha dicho, por su parte, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que se ha preguntado si la denuncia de la Moncloa es una "maniobra para pasar de verdugos a víctimas". "Ahora sí que es un tema muy grave. Cuando solo afectaba al independentismo, la ministra lo justificaba", ha añadido.

El vicepresidente y portavoz de JxCat, Josep Rius, ha señalado que el hecho de que Sánchez haya sido escuchado con Pegasus no le exime de "dar explicaciones o asumir responsabilidades". "O hay incompetencia o hay complicidad", ha dicho, mientras que el diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer también ha exigido al Ejecutivo que no haga pasar a "verdugos por víctimas".

Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha tachado de "incomprensible e intolerable" que el Gobierno "solo" haya reaccionado ahora. En su opinión, "se pretende alejar la atención" de la situación que han sufrido los líderes independentistas.

Desde el PSC y los comunes, en cambio, no han desconfiado de Sánchez y Robles, pero han pedido investigar. La viceprimera secretaria de los socialistas, Lluïsa Moret, ha exigido "llegar hasta el final", y el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha denunciado que "el Estado profundo se ha emancipado de la ley y está en guerra sucia contra la democracia".

Las querellas de Òmnium y la CUP, contra NSO Group, la empresa israeliana propietaria del software Pegasus, no han sido las únicas medidas que el independentismo ha anunciado este lunes. El director de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, Oriol Torroella, ha afirmado que la Generalitat revisará periódicamente los dispositivos móviles de medio millar de cargos para detectar posibles amenazas y programas maliciosos.

Otras respuestas

Desde Unidas Podemos, socio de Gobierno de Sánchez, la ministra Ione Belarra tachó de "gravísimo e inadmisible fallo de seguridad" el anuncio de las escuchas al presidente y la ministra Robles, lo que en su opinión tiene que conllevar "la asunción de responsabilidades políticas". 

"Es la única forma de que se restablezca la confianza de la ciudadanía en la democracia española y una cuestión de calidad democrática básica", manifestó la secretaria general de Podemos, quien no descartó asimismo que miembros de su partido hayan sido también "víctimas" de escuchas.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, usó sus redes sociales para calificar al presidente Pedro Sánchez de "narcisista" tras dar a conocer los pinchazos, que consideró una muestra de "incompetencia y de nuestra vulnerabilidad ante el resto del mundo". 

La portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, mantuvo su esperanza en que el caso se esclarezca y criticó "el victimismo de los golpistas", en referencia al independentismo catalán.

Las reacciones llegaron desde todos los puntos y partidos. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, afirmó que las escuchas "no eran inesperadas", pero aun así exigió la creación de una comisión de investigación para "aclarar hasta dónde llega el descontrol en este asunto".

También habló el portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, Edmundo Bal, que anunció que su partido registrará este martes una batería de preguntas por escrito al Gobierno sobre sus protocolos de seguridad. Y adelantó algunas de ellas: "¿Usan el presidente del Gobierno y la ministra un móvil como el de cualquier ciudadano? ¿No tienen instalado ningún sistema de alerta de seguridad que le avise de la peligrosidad de enlaces o descargas a los que accede?", preguntará Cs.