Carrera contrarreloj del Gobierno para aprobar el fondo público de pensiones antes de julio sin que peligren fondos europeos

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparece en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2022, en Madrid (España).
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriva.
Eduardo Parra / Europa Press

El pasado jueves, tras lograr que se aprobase el plan económico contra la guerra en Ucrania, en el Gobierno había cierta sensación de alivio. Eso sí, no será una emoción eterna a juzgar por otra importante normativa que el Ejecutivo deberá aprobar en un plazo no demasiado extenso. Se trata del fondo público de pensiones impulsado por el Ministerio de Seguridad Social, que tendrá que estar aprobado antes del 1 de julio para no poner en riesgo la llegada de fondos europeos. Más concretamente, poco menos de 7.000 millones de euros, que son los correspondientes al próximo trimestre. 

Ese horizonte, no obstante, es más o menos realista depende de a quién se le pregunte: el articulado está ya en el Congreso de los Diputados, pero su tramitación deberá ser exprés para cumplir con los plazos exigidos por Bruselas.

Los trámites para crear un gran fondo de pensiones que compita con los privados comenzaron en noviembre. El día 23 de ese mes, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el articulado, que contempla dicho fondo, que servirá como alternativa a los planes individuales y colectivos que ya existen, pero no están al alcance de todos los trabajadores. En la actualidad, se calcula que solo el 10% de los trabajadores pueden acceder a planes de pensiones. Por ello, uno de los objetivos del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, es que aumente este porcentaje gracias a que podrán pagar menos comisiones anuales y sumarse con "certidumbre y seguridad".

Otro de los fines que busca el Ejecutivo es que los trabajadores "ahorren" y tengan una pensión "complementaria". Por ello, al fondo podrán adherirse libremente trabajadores del sector privado, empleados públicos y autónomos, y la empresa deberá aportar al menos la misma cantidad que el trabajador, aunque lo "habitual" será que ambas salgan del mismo apartado: el salario bruto del empleado. El trabajador podrá llegar a deducirse 5.750 euros anuales.

Así las cosas, y tras recibir los informes preceptivos, el Consejo de Ministros volvió a aprobar definitivamente el proyecto de ley el pasado 22 de febrero, enviándolo posteriormente al Congreso de los Diputados y dando comienzo a su tramitación. Entonces, se publicó y los grupos pudieron proponer sus enmiendas, dando paso a la fase de ponencia donde, según fuentes parlamentarias, se encuentra ahora mismo.

El reglamento de la Cámara Baja no marca tiempos para este período. Es aquí, por tanto, donde varían las opiniones sobre qué margen tiene el Gobierno para aprobar el texto en plazo. "Una ponencia puede durar dos meses o dos años, aunque lo normal es que la ponencia se desarrolle entre seis meses y un año", explican fuentes de uno de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso. Otras fuentes, no obstante, puntualizan que "todo depende del acuerdo" entre las formaciones. Ponen, como ejemplo, la reforma de la ley mordaza, que se ha ido aplazando sine die hasta el día de hoy.

Y es que los apoyos para aprobar el proyecto también serán una ardua batalla para el Ejecutivo que se sumará la presión. Más ahora, con la inestabilidad que preside la relación de la coalición con ERC tras las escuchas a 60 políticos independentistas catalanes y vascos. No obstante, desde el grupo republicano admiten que "la música suena bien, pero falta conocer la letra", dejando de lado cualquier posible ruptura con el Ejecutivo y poniéndose en el escenario de que no habrá adelanto electoral.

Experiencia en ir al límite

En el haber del Gobierno está el hecho de que no será la primera vez que deba correr para aprobar un proyecto comprometido con Bruselas. Ya pasó a finales de 2021 con la reforma laboral. Entonces, el importe en juego era superior -cerca de 11.500 millones de euros-, pero el Ejecutivo terminó cumpliendo. 

Tras meses de negociaciones entre sindicatos y patronal, el Gobierno terminó llevando al Consejo de Ministros la reforma laboral el 28 de diciembre, a tres días de que terminara el año. Esta tensión, eso sí, se multiplicó cuando tuvo que ser refrendada en el Congreso, un extremo que se produjo por un error de un diputado del PP en la votación.

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