El Gobierno impulsará un fondo para que los trabajadores "ahorren" y tengan una pensión "complementaria"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
EFE
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
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El Gobierno quiere que los trabajadores "ahorren" y tengan una pensión "complementaria". Bajo esta premisa, el Consejo de Ministros inició este martes los trámites para crear un gran fondo de pensiones que será una alternativa a los planes individuales que ya existen y que, según el Ejecutivo, tendrá comisiones más bajas.

Al fondo podrán adherirse libremente trabajadores del sector privado, empleados públicos y autónomos, y la empresa deberá aportar al menos la misma cantidad que el trabajador, aunque lo "habitual", reconocen fuentes ministeriales, será que ambas salgan del mismo apartado: el salario bruto del empleado. El trabajador podrá llegar a deducirse 5.750 euros anuales y se prevé que el fondo se apruebe definitivamente antes de junio de 2022, la fecha comprometida con Bruselas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá sostuvo que, aunque el "pilar central" de la reforma de las pensiones es fortalecer el sistema público y garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, también quiere propiciar que asalariados, autónomos y empleados públicos puedan acceder a "un producto de ahorro barato" orientado a proporcionarles "pensiones complementarias". Fuentes del Ministerio aseguran que la "parte pública" de las pensiones "no se cuestiona en absoluto", y sostienen que el objetivo de esta reforma es dar "un mejor cauce al ahorro" de cara a la jubilación a través de los llamados planes de empleo, una figura que ya existe pero que prácticamente no se usa en la actualidad.

En este sentido, el ministro admitió que estos planes están "estancados" y argumentó que se debe a las trabas burocráticas que dificultan su creación, especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, y a que no todos los trabajadores puedan contar con uno.

Hasta ahora, los sindicatos debían negociar con la empresa, buscar asesoramiento externo, crear una comisión promotora del plan, promoverlo y seleccionar el fondo para que los empleados pudieran adscribirse. Ahora, bastará con que los sindicatos lo pacten con la patronal en una negociación colectiva por sectores para que los trabajadores se puedan acoger, ya que, si el convenio sectorial recoge la posibilidad de acogerse al plan, la empresa deberá ofrecerlo obligatoriamente. En caso contrario, si el convenio del sector no lo contempla, la compañía podrá ofrecerlo voluntariamente. Y, en el caso de los autónomos, lo podrán promover los colegios profesionales o las asociaciones, al igual que en el caso de los empleados públicos.

9.000 euros de diferencia en el ahorro

En la actualidad, los planes de empresa representan el 25% del mercado y solo tienen acceso a ellos el 10% de los trabajadores. El 90% restante puede optar a los planes individuales de pensiones, definidos como "caros" y "orientados a rentas altas y muy altas" por Escrivá. Esas mayores comisiones se reflejan en el siguiente ejemplo: un trabajador decide aportar a un plan 1.000 euros anuales durante 35 años. La comisión en los planes individuales ronda el 1% y, en los de empleo, el 0,21%, según fuentes ministeriales. Con una rentabilidad del 3% en ambos casos, pasado ese tiempo el trabajador contará con 50.569 euros si tiene un plan individual y 59.680, uno de empleo. Una diferencia de 9.000 euros.

Es por ello que el Gobierno lanza ahora su alternativa, que contará con comisiones por debajo de esas cifras, aunque todavía no están definidas. Con todo, es la intención del Ejecutivo es que la ley -o en el reglamento de aplicación- se fijen las comisiones para los planes de empleo que podrán poner las empresas privadas que opten a gestionar los fondos. Y es que, aunque el fondo lo impulsará el Ejecutivo y estará sujeto a supervisión por parte de una comisión que controlará su manejo en la que participarán el Ministerio y los agentes sociales, será gestionado por empresas privadas que acudirán a un "proceso competitivo", apuntó el ministro, para hacerse con la gestión de los fondos. "Es una forma de introducir competencia en el modelo actual", reconoció Escrivá, que reiteró la promesa de que las comisiones estarán "extraordinariamente por debajo" del 1% de los planes individuales.

Hasta 5.750 euros de deducciones fiscales

El lanzamiento del gran fondo viene acompañado por una fiscalidad "adecuada y diferenciada", según fuentes del Ministerio. Así, la deducción en el IRPF podrá elevarse a 4.250 euros por los fondos de empleo, mientras que en los planes individuales se situará en 1.500 euros, lo que puede sumar una cantidad de 5.750 euros. En el caso de los autónomos, también podrán deducirse ese montante, 3.250 más que en la actualidad. Con todo, la empresa deberá aportar al menos lo mismo que el trabajador al fondo de empleo, aunque el origen de esos fondos dependerá de lo que se pacte en la negociación colectiva, y fuentes ministeriales admiten que lo más "habitual" será que el dinero salga del mismo apartado: el salario bruto del empleado.

Lo que no reformará el Ministerio es el reglamento que regula en la actualidad las condiciones del ingreso de dinero en planes de pensiones. Es decir, fuentes de Inclusión exponen que no prevén que de momento se diferencien las comisiones según la edad o la renta del trabajador que se acoja al plan de empleo, que tampoco podrá retirar el dinero de forma prematura a no ser que se encuentre en una situación crónica de desempleo o tenga una enfermedad grave. A partir de 2025, eso sí, podrá retirarlo una vez hayan pasado 10 años.

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