El Rey tiene un patrimonio de 2.573.392,80 euros y, a diferencia de su padre, no tiene propiedades inmobiliarias ni dinero en el extranjero ni disfruta de regalos multimillonarios; los que recibió en su boda los entregó a Patrimonio del Estado. El dato lo ha hecho público la Casa Real con una loable voluntad de transparencia, que se agradece, pero que no es suficiente. Hace bien Felipe VI en seguir barriendo su casa, al cabo de ocho años, pero estos no son solo asuntos domésticos. Las instituciones democráticas deberían también barrer a fondo esa parte de la casa común que es la Jefatura del Estado para que no se repitan episodios como los de la etapa anterior. Manifestada la voluntad de transparencia del rey, lo suyo es que el Parlamento debata y apruebe una Ley de la Jefatura del Estado -o de la Corona, como la bautizó Sánchez- sin olvidar las reformas constitucionales pendientes relativas al mecanismo de sucesión.

Hace bien Felipe VI en seguir barriendo su casa, al cabo de ocho años, pero estos no son solo asuntos domésticos

No se entiende, por cierto, que a la hora de difundir esa información la Zarzuela haya excluido a los partidos “que no están en el consenso de la Constitución de 1978”, aplicando una pintoresca teoría que atribuyen a Carmen Calvo. Aparte de que su aplicación a rajatabla dejaría fuera del redil a casi todos los partidos (el PNV negó su voto a la Constitución, la mitad de los diputados de Alianza Popular, embrión del PP) todos los grupos con representación parlamentaria están de hecho bajo el paraguas de ese consenso, al que deben sus escaños.

No está de más, ya puestos, recordar (a quienes dicen, por ejemplo, que “por primera vez en la Historia un rey español hace público su patrimonio”) que es de esa Constitución refrendada por los españoles en 1978, y no de viejos anclajes medievales, de donde emana el actual modelo de jefatura del Estado.