El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha amenazado este miércoles al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con retirarle el apoyo parlamentario de ERC si no da explicaciones por el presunto espionaje a líderes independentistas y no hay una asunción de responsabilidades por ello.

Los mensajes lanzados por el Ejecutivo central de que no ha tenido nada que ver y no tiene nada que ocultar en ese supuesto ciberespionaje por el sistema Pegasus no han sido suficientes para el president, que ha insistido en la necesidad de verse cara a cara con Sánchez.

Sólo recibiendo explicaciones y asumiendo responsabilidades cree posible intentar recuperar una confianza que ve "muy dañada" y que fuentes de Moncloa han reiterado que pretenden restaurar tras haber dado "muestras inequívocas" de su voluntad de diálogo durante toda la legislatura.

"Nosotros podemos tener mucha paciencia, pero si no hay una asunción de responsabilidades, será muy difícil que esta estabilidad parlamentaria pueda continuar. Cómo y en qué forma, deberemos ver en próximos días y semanas cuáles son los pasos que va dando el Gobierno español", ha advertido Aragonès en una entrevista en RAC1.

Por tanto, pone sobre la mesa la posibilidad de que ERC retire el apoyo que está dando a Sánchez en el Parlamento durante la legislatura, y eso podría llevar aparejada una decisión similar por parte de otras formaciones políticas hasta ahora aliadas.

El presidente de la Generalitat, que ha puesto el foco en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al considerar una "evidencia palmaria" que es el responsable del espionaje, ha anunciado que viajará a Madrid este jueves para reunirse con representantes de los partidos que han sido espiados, entre ellos ERC, Junts, EH Bildu y la CUP.

Todos ellos han firmado una petición para que el Congreso cree una comisión de investigación parlamentaria, solicitud a la que se han sumado otros aliados del Gobierno como el PNV, Más País, Compromís y BNG, e incluso el socio del PSOE en el Ejecutivo, Unidas Podemos.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha instado a investigar "en todos los ámbitos" y "hasta el fondo del asunto" para depurar responsabilidades y que no quede "ninguna sombra de duda"

En esa línea, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido que haya transparencia, pero ha emplazado a conocer las explicaciones que dará próximamente en el Congreso la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Pero no podrá darlas en la comisión que controla los secretos oficiales ya que no está constituida debido a vetos cruzados entre partidos de derecha e izquierda.

La propia Robles ha expresado su deseo de que se constituya esa comisión para que se pueda hablar "sin ninguna reserva" con toda claridad, mientras que los partidos independentistas reclaman urgencia para que se haga efectiva (como defiende también el PSOE) y puedan dar explicaciones en la misma ministros y responsables o exdirigentes del CNI.

Ante ello, Margarita Robles sí ha garantizado que el CNI cumple absolutamente con la legalidad y sus actuaciones están sujetas a autorización y control judicial, pero no ha querido confirmar si dispone del programa Pegasus.

En medio de este debate, el exdirector del CNI hasta 2019, Félix Sanz Roldán, ha avisado de que las explicaciones sobre el supuesto espionaje o sobre el papel del centro solo pueden darse en los ámbitos específicos de control de este organismo.

Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha exigido al Gobierno que "no se excuse" detrás de la ley de Secretos Oficiales, y Aragonés ha insistido en hablar del asunto en persona con Sánchez, con quien ha asegurado haber mantenido ya contacto mediante mensajes telefónicos en los que el líder socialista expresó su deseo de reconducir la situación.

Pero Aragonés espera hechos en un próximo encuentro que no será durante la presencia del president este jueves en Madrid, debido, entre otros motivos, a razones de agenda de Sánchez.

Según el president, el jefe del Ejecutivo tenía previsto haber viajado este miércoles a Barcelona para la inauguración de un centro de la empresa catalana Wallbox, al que ha acudido finalmente la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Maroto ha expuesto como un ejemplo de la buena relación institucional entre ambas administraciones haber coincidido en ese acto con Aragonés.

Otro miembro del Gobierno, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha calificado de "inaceptable" cualquier intervención de comunicaciones privadas que no tenga cobertura judicial.

Ante el supuesto espionaje, el Síndic de Greuges en funciones, Rafael Ribó, ha decidido abrir una actuación de oficio, mientras que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha pedido la dimisión de Sánchez y de los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente.

Acudirán a la ONU y a la UE

Además de emprender "todas las medidas políticas y legales" para esclarecer el supuesto espionaje a decenas de independentistas, el gobierno de Cataluña acudirá a las instituciones europeas y de la ONU para "analizar" la vulneración de derechos fundamentales que el caso implica.

Así lo afirmó este miércoles la consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat de Cataluña, Victòria Alsina, en una rueda de prensa en Viena.

"No nos basta con un 'no sabemos nada' o 'no tenemos constancia'. Aquí hay personas detrás y se tiene que investigar", remarcó.

"Estamos frente al caso de espionaje masivo más importante que se ha certificado alrededor del mundo en conexión a 'Pegasus' y en Europa en todas estas últimas décadas", declaró Alsina.

Aludía así al escándalo desatado por la supuesta infiltración de teléfonos móviles de 65 líderes independentistas con el programa israelí de espionaje "Pegasus", vendido sobre todo a Estados.

Alsina resaltó que afecta a ciudadanos catalanes en un periodo que "comenzó con el gobierno de Mariano Rajoy y continuó con Pedro Sánchez", y que algunos de ellos se mudaron de país en ese tiempo, con lo cual el caso "implica directamente" a cinco naciones miembros de la Unión Europea (UE).

Además, se trata de la vulneración de los derechos de ciudadanos europeos, por lo que "no solo el gobierno catalán necesita una respuesta, también las instituciones de la UE".

"Si el gobierno español no la tiene", debe investigar lo sucedido "hasta las últimas consecuencias", subrayó Alsina, quien dijo considerar que por su relevancia, ese "reclamo también debería provenir de la comunidad internacional".

Al afectar a "políticos, activistas, periodistas, abogados que tuvieron comunicación directa con los clientes que formaron parte de los casos judiciales en los tribunales después del 1 de octubre de 2017", para la consellera catalana está claro que se trata de "un ataque de espionaje a un movimiento democrático, pacífico y europeo".

"Pensamos que la UE no puede permitir ningún doble rasero aquí", resaltó Alsina al pedir que para cada Estado miembro valgan los mismos principios que se aplican cuando Europa critica a Rusia o China por espiar a sus ciudadanos.

Por todo ello, aseguró que la Generalitat recurrirá a todas las medidas que estén a su alcance "para esclarecer exactamente, depurar las responsabilidades, y a partir de ahí que se tomen las acciones políticas y legales pertinentes".

Mientras estudia "cómo puede querellarse como Gobierno" por este escándalo, ha decidido ya ofrecer apoyo a todas los afectados "brindándoles asesoramiento legal y ayudándoles a abrir cualquier demanda legal o mecanismo para proteger sus derechos", informó la consellera al aludir a una reunión del gabinete celebrada ayer.

"A nivel internacional, acudiremos a todos los mecanismos que existen de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y las instituciones europeas para que esto realmente sea analizado, estudiado y forme parte de una conversación más global en la medida en la que estamos hablando de derechos fundamentales", prometió.