Borràs pide la dimisión de Sánchez por el Catalangate y planteará acciones legales desde el Parlament

La presidenta del Parlament, Laura Borràs.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs.
Rafa Garrido / ACN

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha pedido este miércoles la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el presunto espionaje de Pegasus a dirigentes independentistas.

"Debe dimitir Pedro Sánchez como presidente del Gobierno que permite esta guerra sucia estructural, su ministro del Interior y su ministra de Defensa", ha asegurado en una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Tras considerar adecuado que la Generalitat congele las relaciones con el Gobierno tras este presunto caso de espionaje, ha reclamado también "consecuencias políticas que vayan más allá" de ello, y ha dejado en manos de los partidos articular una respuesta al respecto.

"No se entendería que las cosas siguieran siendo como eran antes de tener estas evidencias. Que las cosas no son normales hace tiempo que lo decimos. Esto no tiene nada de normal", ha sostenido.

Al preguntársele si tiene sentido mantener la mesa de diálogo con el Gobierno, Borràs cree que nació "muerta y ahora está enterrada desde esta perspectiva", y ha opinado que no ha habido voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo central.

Aunque ve legítimo que ERC defienda la mesa de diálogo, ha advertido de que deberán tener evidencias: "Las mesas no son un acto de fe. Es hora de que el independentismo recupere su unidad estratégica, recuerde lo que acordó y encuentre este camino de unidad".

Así, ha reclamado al independentismo ser "proactivos a la hora de hacer un frente común" ante el Estado, y ha aprovechado para reivindicar la imagen de unidad que, a su juicio, se produjo el martes en el Parlamento Europeo para explicar este caso. 

Acciones legales

También ha avanzado que desde el Parlament se plantearán acciones legales conjuntas como consecuencia de este presunto espionaje, que habría afectado a 25 diputados de diferentes legislaturas, y su voluntad de llevar esta cuestión al pleno para que tenga "trascendencia política".

La presidenta del Parlament también emprenderá acciones a nivel individual: "Llevaremos a cabo toda la batalla legal que permita que esto tenga consecuencias a nivel de reputación y jurídicas para el Estado." EN 2018

Según Borràs, la investigación sobre el presunto caso de espionaje a dirigentes independentistas, destapada por 'CitizenLab', destapa que recibió un primer ataque de Pegasus para acceder a su teléfono en 2018 y que también intentaron espiarla en 2019 cuando era portavoz de Junts en el Congreso.

Tras asegurar que no sabe si ahora la están espiando, ha lamentado la "sensación de vulnerabilidad importante" que provoca esta posibilidad y que pueden utilizar la información obtenida desde un punto de vista político, entre otras cuestiones.

Se encarga a los letrados valorar acciones judiciales

La Mesa del Parlament ha encargado este miércoles a sus servicios jurídicos que estudien la mejor fórmula para que la Cámara "acompañe judicialmente" las causas por el presunto espionaje a dirigentes independentistas a través del programa Pegasus.

Fuentes parlamentarias han detallado que los letrados estudiarán el "mejor mecanismo" ante este caso, que podría consistir en la presentación de una denuncia por parte del Parlament u optar por sumarse a otras denuncias, entre otras opciones.

Las mismas fuentes han destacado que el próximo pleno incorporará un punto para votar la acción que pueda emprender el Parlament --en función de lo que valoren los letrados--, con el objetivo de que la decisión esté validada por el pleno, y no sólo por la Mesa.

Han resaltado que 25 de las 65 personas afectadas por este presunto espionaje son o han sido diputados del Parlament, y han asegurado que se ha encargado a los servicios jurídicos estudiar el caso con el acuerdo de toda la Mesa --formada por Junts, ERC, PSC-Units y la CUP--.

Estas fuentes parlamentarias han señalado que los móviles del Parlament no permiten acreditar si han sido espiados a causa de su sistema operativo --son Android--, por lo que desconocen si hay más afectados al margen de estas 25 personas.

Ante este caso, han avanzado que el Parlament estudiará cómo incrementar las medidas de seguridad y protección de las herramientas de trabajo de sus diputados.

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