El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, esta tarde en una rueda de prensa, ha acusado directamente al estado español de ser el responsable de este caso de espionaje y ha indicado que “es el gobierno español el que tiene un programa para espiar a presidentes catalanes y representantes de ciudadanos de Cataluña". Además, ha concluido que “un espionaje a más de 60 personas no pasa inadvertido. Ha necesitado alguna autorización. Queremos saber quién ha dado ese visto bueno y depurar responsabilidades”.

El vicepresidente Jordi Puigneró, que también ha intervenido en la rueda de prensa de esta tarde, incluso ha cuantificado el coste del espionaje afirmando que “ha sido una operación compleja” y se han necesitado “20 millones de euros para espiar al independentismo catalán”.

Por otra parte, Pere Aragonès ha confirmado que por lo menos tiene constancia de dos momentos concretos en los que fue espiado. El primero, después de la sentencia del juicio a los dirigentes independentistas en octubre de 2019, y un segundo ataque, durante las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente de gobierno.

El presidente Aragonès ha asegurado que no ha habido ningún tipo de contacto con representantes del gobierno en las últimas horas tras conocerse la publicación de la noticia sobre el espionaje al mundo independentista, pero ha aclarado que espera poder tener “una conversación con el presidente del gobierno para saber su grado de conocimiento del caso antes y después de haber sucedido”. El presidente de la Generalitat ha señalado que la manera “cómo afronte este caso el gobierno puede tener consecuencias inmediatas. La confianza entre gobiernos se ha visto seriamente afectada y dañada”.

Relaciones políticas dañadas

Si bien Aragonés ha asegurado que los asuntos técnicos que se tengan que discutir o negociar entre las dos administraciones no se verán afectados, también ha matizado que “no podemos hacer como si no hubiese pasado nada. No se puede recuperar la normalidad de las relaciones políticas. Esto se hace con transparencia y asunción de responsabilidades”.

Sobre el futuro inmediato de la continuidad de la mesa de diálogo y de la comisión bilateral, Aragonès se ha limitado a decir que "la pelota está en el tejado" del Gobierno, y que mientras no disipe "todas las dudas" y "restaure la confianza", no se podrán recuperar unas "relaciones políticas normalizadas". Por este motivo, ha pedido al Ejecutivo iniciar "con la máxima celeridad una investigación interna con supervisión independiente para aclarar" las responsabilidades.

Por otra parte, desde la Generalitat pondrán el caso en manos de los Mossos y de la agencia de ciberseguridad. También se denunciará este caso de espionaje a través de todos los mecanismos de las instituciones europeas y de Naciones Unidas. Además, ha comparado España con Hungría y Polonia, países que están siendo investigados actualmente en el parlamento europeo por prácticas de espionaje a sus ciudadanos.

"Iremos hasta el final exigiendo responsabilidades políticas y no descansaremos hasta conseguirlo", ha asegurado, y ha añadido que "un Estado democrático no espía a sus movimientos democráticos, y el independentismo es democrático y pacífico". Incluso, a título personal, Aragonès interpondrá una denuncia por vulneración de su intimidad y la de su entorno.