El juzgado de instrucción número 2 de Mataró investiga a la dirección de la residencia Ca n'Amell de Premià de Mar (Barcelona) por un caso de homicidio por imprudencia profesional después de que durante los primeros meses de la pandemia muriesen 87 de los 200 residentes del centro.
La investigación se abre a partir de una querella de la fiscal jefe de Mataró, que acusa a los responsables del centro de haber provocado un "sufrimiento gratuito" a los usuarios de la residencia, de haberlos "desatendido" y de no haber tomado ninguna medida para evitar la situación que se desencadenó en el centro durante los meses de marzo y abril de 2020.
La Fiscalía acusa al director de la residencia y a la directora médica de los delitos de homicidio por imprudencia profesional y de lesiones por imprudencia profesional y trato denigrante
La residencia, de hecho, fue intervenida por la Generalitat el 17 de abril de aquel año ante una serie de irregularidades en la gestión del centro.
La intervención de la Generalitat llegó después de una ola de muertes que inicialmente fijaba en poco más de una veintena la cifra de víctimas. La Fiscalía, sin embargo, eleva la cifra hasta las 87 personas muertas vinculadas a la residencia. 62 murieron en el mismo centro, 24 en centros sanitarios en los que les habría trasladado y una última en su casa.
En aquel momento, además, la Generalitat apuntó a una serie de irregularidades y acusó a la dirección de no cumplir con la normativa Covid, no garantizar la atención continua a los pacientes, de errores en la administración de medicación y de tratar a los residentes de manera irrespetuosa.
Una residente perdió 15 kilos porque no recibía "la alimentación necesaria" y a otra mujer le negaron los tratamientos paliativos "privándola de una muerte sin sufrimiento"
Según relata la Fiscalía, estos déficits en la gestión del centro ya se daban antes de marzo de 2020 y se vieron "incrementados exponencialmente" a raíz de la pandemia. "La cifra de personas contratadas en relación a la cifra de residentes era muy escasa, lo que provocaba que el trato y las curas a los usuarios fuese deficiente", resume la querella.
La querella relata algunos casos, como el de un hombre que a pesar de necesitar oxígeno fue hallado en un "evidente estado de abandono", con deposiciones en la cama y sin el oxígeno que requería. De otra residente explican que perdió 15 kilos porque no recibía "la alimentación necesaria". A otra mujer le negaron los tratamientos paliativos "privándola de una muerte sin sufrimiento".
Con todo, la Fiscalía acusa al director de la residencia y a la directora médica de los delitos de homicidio por imprudencia profesional y de lesiones por imprudencia profesional y trato denigrante. La de Premià de Mar es la cuarta residencia catalana denunciada por negligencia durante el coronavirus.
Comentarios