Un informe elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género incide en la necesidad de fortalecer los mecanismos de reparación a las víctimas de violencia de género y ofrece una serie de propuestas para ello, como que sea el Estado el encargado de asumir el pago de las indemnizaciones cuando el agresor se declare insolvente, o que se cree un Fondo estatal para la reparación de las víctimas y supervivientes de las violencias machistas. 

El objetivo principal del estudio Prácticas de reparación de violencias machistas. Análisis y propuestas presentado este viernes por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, es realizar una revisión y análisis del marco internacional y nacional en todo lo relativo a la reparación de las violencias machistas para localizar buenas prácticas y proponer iniciativas nuevas. "Cuando hablamos de reparación es, por un lado, una obligación que tienen los estados, y por otro, el derecho de las víctimas y supervivientes, en algunos casos también de sus familiares que se pueden considerar como víctimas", subrayó la autora del estudio, Tania Sordo, durante el acto de presentación.

Y es que una de las sugerencias que se plantean en el informe es que todas las leyes relacionadas con esta lacra que se vayan a aprobar de aquí en adelante incluyan la reparación integral en su articulado; así como que "se lleven a cabo las reformas legislativas necesarias para que cuando el agresor de la violencia machista se declare insolvente, el Estado cumpla con el pago de la indemnización". Para ello, proponen crear un "Comité de expertas" que fijen los mínimos del pago y que se modifique el Código Penal "para que la atenuante de reparación económica del daño no pueda aplicarse en los casos de violencias machistas". 

En esa línea, y para poder sostener esos pagos, plantean la creación de un Fondo estatal que ponga "especial atención" a los hijos de las víctimas y a las mujeres cuyos hijos e hijas han sido asesinados por los agresores.

No obstante, Rosell ha enfriado cualquier posibilidad de que el Gobierno se haga cargo de estos pagos; al menos no por ahora. "No estamos en el momento en el que el Estado vaya a declararse responsable subsidiario de las responsabilidades individuales", reconoció, recordando que en la ley de garantía de la libertad sexual -comúnmente conocida como ley del 'solo sí es sí'- se contempla por primera vez la creación de un fondo para reparar a las víctimas de violencia sexual, que se nutrirá de bienes decomisados a proxenetas y a la industria de la explotación sexual.

"Cuando la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual entre en vigor, y en realidad lo podríamos estar haciendo ya, hay muchos actos de reparación pública que se pueden llevar a cabo, muchos actos hermosos por hacer, y muchas sentencias reparadoras por dictar", concluyó la delegada. 

El estudio sugiere otras iniciativas, como que los informes que realizan los servicios especializados (como los centros de crisis 24 horas) sean "la base de cualquier proceso" y puedan ser tomados en cuenta por los juzgados para evitar declaraciones que puedan potenciar una revictimización.