Tras casi 15 años vagando en los tribunales, la justicia ha asestado el golpe definitivo al complejo turístico de la la Isla de Vadecañas (Cáceres). Con el fallo a favor del Tribunal Supremo a un recurso de Ecologistas en Acción, el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones del 'resort' de lujo serán finalmente demolidas por estar construidas en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)

El Tribunal Supremo estima el recurso de Ecologistas y acuerda la demolición del hotel y viviendas de Isla Valdecañas

Según informa la sala de lo contencioso-administrativo en un comunicado, el Alto Tribunal estima un recurso del grupo de ecologistas y anula así las excepciones que el tribunal extremeño estableció para las demoliciones. "El Supremo anula este extremo y acuerda que deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones cuya demolición determinaba el propio auto de ejecución", dice la nota.

En la misma, el órgano de la justicia señala que el contenido íntegro de esta sentencia se dará a conocer en los próximos días. 

Truncado el sueño turístico extremeño 

El auto corta las alas a un proyecto que nació en 2007 con la aprobación de la Junta de Extremadura que lideraba, a la sazón, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Aspiraba a albergar 565 villas, dos hoteles de 4 y 5 estrellas, polideportivos y una piscina artificial, entre otras cosas, que simularan la 'Marbella extremeña'. A una hora en coche de Madrid, el 'resort' disfrutaba de un vecindario de estrellas conformado por apellidos como Aznar, Gómez-Acebo, López-Ibor, Vega-Penichet o Baute.

No obstante, la construcción de este 'oasis' fue paralizada en 2014 bajo otra orden del Supremo. Y desde entonces, el complejo dibuja un paisaje plagado de gigantes esqueletos de hormigón. Algunas zonas del 'resort' están semi-abandonadas y la piscina artificial ahora yace seca.

La factura de la sentencia 

A pesar de todo, el Alto Tribunal da la razón a los grupos de ecologistas-que tras varias sentencias frustradas descansan tranquilos-."Resulta difícil encontrar un caso tan rotundo de vulneración de la legislación ambiental y urbanística", dijeron en un comunicado anterior al fallo. 

Casi desde el anuncio de su construcción, los activistas denunciaron que el proyecto se levantaba sobre terrenos de la Red Natura 2000 (una zona de especial protección medioambiental a nivel europeo) e invadía un embalse catalogado como uno de los humedales más ricos de la biodiversidad de la región.

En cualquier caso, la sentencia pasará factura: 34 millones de euros solo por la demolición de lo ya construido y 111 millones de perjuicio económico a los propietarios. Así como indemnizaciones a terceros y otros gastos a las que tendría que hacer frente la Junta de Extremadura y que alcanzarían, al menos, el importe de 144.982.889,85 euros.