Los Servicios Sociales de Barcelona atendieron a 97.531 personas en 2021, lo que supone un incremento de un 10,36% respecto a 2020 y de un 22,56% respecto a 2019, antes de la pandemia. Esta cifra, señala el Ayuntamiento, representa, además, un nuevo "máximo histórico" en la actividad de este servicio.
"La pandemia provocó una crisis social sin precedentes y, aunque los ERTE frenaron parte del golpe, las personas que trabajan en economía informal no tuvieron acceso a esta medida y han vivido de manera muy cruda la interrupción de la actividad económica, lo que se refleja en los datos", ha explicado este martes en rueda de prensa la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes.
Por otra parte, el 24% del total de personas atendidas en 2021 acudían a este servicio por primera vez o lo volvían a hacer tras más de un año sin requerirlo, una cifra inferior al 32% de 2020, pero que "denota que, pese a la mejora de la economía, este hecho no llega a las personas" en situación grave de pobreza. "Pese a haber recuperación económica, hay personas que no tienen las herramientas", ha apuntado Fuertes.
Además, las cifras "muestran un claro impacto de género en la crisis", y es que más del 60% de las personas atendidas el año pasado por Servicios Sociales fueron mujeres. En cuanto a la división territorial, los distritos que concentraron más atenciones son Nou Barris y Ciutat Vella, los dos que presentan un nivel socioeconómico más bajo.
Más de 40 millones en ayudas, sobre todo para vivienda
Los Servicios Sociales de Barcelona gestionaron en 2021 ayudas directas por valor de 41,3 millones de euros, principalmente para vivienda, a lo que se destinó 25,8 millones. En segundo lugar estuvieron las ayudas a la infancia, a las que se destinaron casi 10 millones.
"La lucha contra las desigualdades en la infancia es una de las prioridades de este gobierno", ha señalado Fuertes, quien ha hecho referencia a la medida anunciada por la alcaldesa, Ada Colau, para garantizar el acceso de estos menores a las actividades extraescolares.
Sobre estas prestaciones, el Ayuntamiento destaca que las ayudas económicas de emergencia que otorgan los Servicios Sociales son sólo "la última protección social que reciben las personas en riesgo de pobreza y exclusión que carecen de otras alternativas en forma de ingresos estables provenientes de otras administraciones, como podrían ser las prestaciones por desempleo, la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que otorga la Generalitat o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que gestiona el Estado".
El Ayuntamiento pide al Estado y a la Generalitat que actúen
Fuertes ha destacado el esfuerzo de los Servicios Sociales para hacer de "dique de contención" ante la crisis, pero también ha señalado que el consistorio "no puede hacer frente en solitario al crecimiento tan pronunciado de la exclusión social y de la desigualdad" y a la falta de acceso a la vivienda y de ingresos.
Por este motivo, además de la ampliación de la cobertura de los ingresos mínimos como el IMV y la RGC, el Ayuntamiento ha pedido al Estado y a la Generalitat que "pongan la garantía del derecho a la vivienda en el centro de sus prioridades", siendo la aprobación de la Ley de Vivienda estatal un "primer paso".
Además, Fuertes ha hecho referencia también la Ley de Extranjería, "que sigue haciendo la vida muy difícil a muchísimas personas que acuden a nuestros Servicios Social y, pese a que vamos a los resquicios del sistema para poder ayudarles, no tenemos las herramientas porque la irregularidad dificulta su acceso a otros servicios". Ante esta situación, ha pedido "acabar con esta situación tan injusta y que provoca tanto sufrimiento".
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