La justicia ha imputado a siete altos cargos de la cúpula de los Bombers de la Generalitat por presunta corrupción en los contratos de mantenimiento de los camiones. Los Mossos d’Esquadra han encontrado numerosas facturas infladas, duplicadas y triplicadas, y sospechan que podrían haber estado cobrando comisiones de un 2%. También está llamado a declarar el responsable de la empresa que se encarga del servicio de mantenimiento, la sevillana Iturri.

Según avanzó La Vanguardia, entre los investigados están el actual director general de los Bombers, Joan Delort, y su antecesor en el cargo, Manel Pardo, que declararán ante la jueza el próximo viernes. En un comunicado, el Departamento de Interior de la Generalitat ha mostrado la voluntad de aportar toda la documentación requerida y niega que ningún funcionario se haya «beneficiado económicamente».

Las sospechas se despertaron en abril de 2021, cuando el jefe del servicio técnico de los Bombers informó de que el contrato con la empresa Iturri para el mantenimiento de la flota de camiones ya no disponía de saldo. De hecho, el 2020 se cerró con una deuda de 1,7 millones de euros que se quiso corregir con facturas en enero, febrero y marzo de 2021. 

Esto hizo saltar las alarmas y se forzó una reunión urgente entre el entonces jefe de los Bomberos, Manel Pardo, y una letrada de Interior. Según el rotativo barcelonés, Pardo aseguró que el contrato estaba «históricamente mal dimensionado» y enseñó un documento con las facturas, donde anotó una cifra de un «+2%» alegando «no nos podemos quejar, puesto que antes la cifra a pagar era más grande».

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Esto hizo sospechar a la funcionaria, quien en un descuido de Pardo aprovechó para hacerse con el documento, y lo entregó a su superior, Francesc Claverol. Así, el caso llegó al entonces conseller de Interior, Miquel Sàmper, y se inició una investigación interna, aunque el caso no trascendió a los medios hasta el pasado mes de noviembre. 

Solo con un primer análisis, los letrados ya descubrieron numerosas irregularidades: facturas de revisiones hechas varias veces al mismo vehículo, reparaciones a vehículos con matrículas que no se corresponden y facturas sin conceptos. Otro ejemplo es que figuraba una facturación de 900.000 euros para revisar 1.500 vehículos de la Región Metropolitana Norte, cuando el total de vehículos de Bombers de Catalunya es de 789.

El informe llegó finalmente a la Fiscalía y el juzgado de instrucción número 14 –con la magistrada suplente Miriam de Rosa al frente- inició una investigación secreta con varias intervenciones telefónicas y atestados de Mossos.

El secreto de la investigación se levantó a finales de diciembre y de Rosa citó a declarar como imputados a toda la cúpula anterior de Bombers -cinco altos funcionarios-, además del actual director, Joan Delort, y el gerente de la empresa Iturri en Cataluña, Eduardo José Díaz Hervás.

Por su parte, el Departamento de Interior de la Generalitat ha hecho público un comunicado donde expresa su voluntad de aportar toda la documentación requerida para esclarecer los hechos. Asimismo, asegura que no tienen ningún indicio de que algún funcionario «se haya beneficiado económicamente ni que haya maniobrado para favorecer a la empresa Iturri». 

Sin embargo, el departamento ahora liderado por el conseller Joan Ignasi Elena reconoce que trabaja para «revertir la situación» con una serie de medidas para aumentar el control de los contratos. Además, por primera vez en 20 años, Interior ha contratado a una empresa diferente de Iturri para el mantenimiento de los camiones para este 2022, un contrato que cuenta con una dotación de 4,8 millones de euros, un 46% más que la del año pasado. «Con estas actuaciones, está previsto restaurar la normalidad del servicio de mantenimiento en el primer trimestre del 2022, con una dotación presupuestaria suficiente para no volver a caer en insuficiencia de crédito», concluye Interior.

Iturri, investigada por otros casos

La empresa Iturri tiene otras causas abiertas por corrupción. Según explica La Vanguardia, en 2013 se inhabilitó a un regidor del Ayuntamiento de Sevilla por prevaricación en un contrato con los Bomberos otorgado a la empresa sin ningún concurso por valor de 650.000 euros.

En Madrid, la Fiscalía Anticorrupción y asuntos internos de la Guardia Civil acusan a mandos del cuerpo de pactar con la empresa un contrato de mascarillas en plena pandemia.

Hay una tercera investigación pendiente de juicio en las Islas Baleares por un presunto soborno al director general de emergencias para desviar fondos de la construcción de un parque de bomberos.