El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afronta ahora, tras aprobar varias reformas en los últimos meses, un reto mayúsculo: conseguir que los autónomos coticen en base a sus ingresos reales. Así lo dictamina el Pacto de Toledo, pero también el Plan de Recuperación y Resiliencia que se ha de cumplir para que Bruselas entregue a España los 140.000 millones de euros comprometidos, que pone fecha a la aprobación de la reforma: primer semestre de 2022. No será fácil. El departamento dirigido por José Luis Escrivá ya se ha reunido en dos ocasiones con los agentes sociales -este lunes se celebrará el tercer encuentro- y les ha presentado su propuesta, que no ha convencido a ninguno. Para más 'inri', también entre las propias asociaciones hay diferencias.

Según recuerdan fuentes del Ministerio, el objetivo que se busca ahora ya estaba incluido en el pacto de pensiones que el Ejecutivo firmó el pasado 1 de julio con patronal y sindicatos. El presidente Pedro Sánchez lo escenificó con una foto posando frente a la escalinata de La Moncloa con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de UGT, José María Álvarez Suárez; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; y el vicepresidente de Cepyme, Santiago Aparicio. Queda, por tanto, desarrollar la letra pequeña. En Seguridad Social son optimistas, al igual que las organizaciones que representan a los autónomos y que están sentadas en la mesa -Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)-. Por delante tienen tiempo, aunque las posturas siguen alejadas.

Claves de la propuesta del Gobierno por la que los autónomos pagarán el 30% de sus ingresos

Y es que, la primera propuesta presentada por el Ministerio ha suscitado críticas en las tres, pero también su división. El plan del departamento de Escrivá divide a los autónomos en 13 tramos de ingresos para definir cuánto deberían pagar: desde los que ganan menos de 600 euros al mes hasta los que hacen lo propio con más de 4.050 euros. Las cotizaciones irían desde los 184 euros (para los primeros, que ven duplicada la actual cuota mínima de 90 euros) a los 1.267 euros (para los segundos), en función de los ingresos de cada uno. Actualmente, la cuota mínima -y fija- es de 294 euros mensuales, un montante que no tiene en cuenta el volumen de dinero que generan los trabajadores por cuenta propia.

Eso sí, el Gobierno se da nueve años para aplicar al completo la propuesta, evaluando cada tres años la situación. Se haría, pues, de forma progresiva. Esto quiere decir que los autónomos comenzarían pagando en 2023 cuotas de entre 281,52 euros -los que menos ganan- y 351,9 -los que más- y la diferencia iría aumentando. Las obligaciones tributarias de los que menos ingresos cotizan se reducirían así hasta los anteriormente mencionados 184 euros y los que más ganan llegarían a contribuir hasta con 1.267 euros como máximo.

UPTA, de momento, es la que más parece coincidir con las intenciones del Ejecutivo. Es más, ya ha presentado su propia propuesta, en la que, además de “incluir a los 80.000 trabajadores por cuenta propia del ámbito artístico”, sí modifican los tramos y el tiempo de aplicación del nuevo sistema. “Los tramos los reducimos de 13 a 11 y también variamos las cantidades”, asegura su presiente, Eduardo Abad. En una conversación con 20Minutos, pone énfasis en la necesidad de rebajar esos nueve años de margen que se da el Ejecutivo. 

Según cuenta, “lo importante” es que “desde el minuto cero” los autónomos con rendimientos mensuales por debajo del SMI (situado ahora en 950 euros en 14 pagas) noten el cambio. Y es que, en la propuesta del Ministerio, que Escrivá definió como “muy justa”, se expone que los autónomos cuyos ingresos no superen los 600 euros pagarán el primer año 282 euros, una cifra que se irá rebajando hasta los 184. UPTA, en cambio, propone que comiencen tributando 183 euros, que subiría hasta los 208 euros en 2031. Este punto también lo destaca UTAE. Fuentes de la asociación señalan que "los que están en una situación más precaria no pueden esperar tantos años", por lo que piden que la reforma tenga "un efecto real" para ellos ya en 2023.

Escrivá defiende que su propuesta para los autónomos es "muy justa" y "beneficiosa" pero se abre a ajustes

La definición de la cantidad base para tributar

Otra de las patas de la negociación es cómo se calcularán las cantidades de ingresos que servirán para que los autónomos tributen. Y en este punto es en el que se encuentran tanto ATA como UTAE, que defienden no haber presentado sus respectivas propuestas porque primero quieren fijar este concepto base. Seguridad Social propone que la tributación se haga en base a los ingresos que declare el autónomo, pero restando los gastos deducibles. Desde UATAE ven factible ese escenario, aunque piden que se haga teniendo en cuenta los "beneficios", es decir, restándole a los ingresos la propia cuota, las amortizaciones posibles o las inversiones asociadas a la actividad del autónomo.

“Se parte de una premisa errónea”, opina al respecto Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, que asegura que ese “rendimiento neto”, como lo llama el Ministerio, “no respeta el principio básico de los ingresos reales”. Su propuesta, por tanto, pasa por dar “más información” a la Agencia Tributaria “para poder determinar esos ingresos reales y, a partir de ahí, establecer tramos”. Además, también piden eliminar los topes de cotizaciones para, por ejemplo, los autónomos que estén cerca de la jubilación: “Ahora mismo no tiene sentido que el autónomo contribuya más si tenemos topada la base a otros que están cerca de la jubilación, hay muchas más maneras de hacer más justo el sistema”.

En este sentido, la crítica de ATA va dirigida a toda la propuesta. Según sus cálculos, es "inasumbile", ya que cifran en 1,7 millones el número de trabajadores por cuenta propia que verían incrementada su cotización desde 2023. “En ATA no podemos vender una subida del 40% de cotización a nuestros afiliados”, continúa Ferrero, que pese a todo no se descuelga de un posible futuro acuerdo. “Somos conscientes de que estamos en una primera etapa de la negociación y las tres organizaciones estamos de acuerdo en que hay que avanzar en este sistema para conseguir una mejor protección para los autónomos”, añade. En esto sí parece haber acuerdo entre todos, lo que quizá pueda ser un primer paso para un final acordado.