Los trabajadores del bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) irán a la huelga el próximo 17 de febrero para exigir la dimisión de la presidenta de la compañía, Laia Bonet. El parón tendrá lugar de 9 a 15 horas, a la espera de conocer los servicios mínimos, y se produce tras la polémica por el conductor que fue acusado de no dejar bajar a dos hermanas que solicitaron parada, algo que fue desmentido por la propia empresa tras llevar a cabo una investigación.

El pasado diciembre, una madre denunció a través de un hilo en Twitter que el conductor de un autobús de TMB había impedido que sus hijas de 18 y 12 años, las últimas pasajeras que quedaban en el vehículo, bajasen en la parada que habían solicitado y que, únicamente cuando la mayor dijo que iba a llamar a sus padres, el conductor abrió las puertas, lejos de donde habían pedido bajarse.

TMB llevó a cabo una investigación de los hechos y finalmente concluyó que el conductor había actuado correctamente. Los parámetros técnicos indicaron que el trabajador abrió la puerta en la primera parada que se solicitó. Cabe recordar además que, por norma general de seguridad, los autobuses no pueden detenerse ni abrir las puertas fuera de las paradas establecidas.

Así, la investigación concluyó que el bus paró en la parada Pg. Taulat-Provençals y pasó de largo las dos siguientes paradas porque no había ninguna petición de los pasajeros. Cuando el vehículo se dirigía a la siguiente, Sant Ramon de Penyafort-Ronda Litoral, se produjo la solicitud, así que en ésta paró y abrió las puertas. Estos datos concordaron con la explicación que dio el conductor en las diversas entrevistas que mantuvo con los responsables de la línea.

Sin embargo, antes de que concluyera la investigación, la presidenta de TMB, Laia Bonet, dijo en Twitter: "No permitiremos que un hecho similar vuelva a pasar en el transporte público de la ciudad". Es por eso que el comité de empresa acusó a Bonet de sumarse al "escarnio público" al conductor, lo que ha impulsado la protesta, que tiene el apoyo de todos los sindicatos. 

La misma Bonet se disculpó este lunes con el conductor, del que dijo en una entrevista que fue "injustamente acusado", y le trasladó su "afecto y apoyo". Respecto a su tuit, ha dicho que "es evidente que estaba mal expresado" y que su intención era poner énfasis en la necesidad de que "mujeres y niñas se sientan seguras y protegidas en el transporte público".

El Ayuntamiento de Barcelona pide disculpas al conductor "injustamente acusado" de no dejar bajar a 2 adolescentes de un bus

Además de Bonet, otros políticos lanzaron mensajes en los que acusaban al conductor antes de que concluyera la investigación. La CGT los recoge en un comunicado y señala que estos comentarios "demuestran el desconocimiento sobre el oficio y, lo que es peor, sentencian directamente a un trabajador, para el que llegan a pedir incluso prisión cautelar, que lo único que ha hecho, como se ha demostrado, ha sido cumplir con profesionalidad con su oficio de conductor".

Entre estos políticos, se encuentra la presidenta del grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, de la que también piden su dimisión después de que en un tuit pidiera "identificar y expedientar a esta persona de manera inmediata", además de proponer denunciar ante los Mossos. 

Devolución de 25 millones de euros y jubilación a los 60 años

Además de esta polémica, otra de las demandas que tienen los conductores es la devolución de los 25 millones de euros que TMB habría dejado de pagar a los trabajadores del bus durante los últimos 18 años. Según ha explicado la compañía, durante todo este tiempo ha habido un cálculo erróneo que nadie había detectado hasta ahora.

La empresa comunicó que procedería a devolver lo que exige la ley, es decir, lo correspondiente a los últimos 12 meses, algo que no aceptan los sindicatos, que reclaman que la compañía devuelva todo lo que ha dejado de pagar desde 2003.

Por otra parte, los trabajadores se sumarán a la concentración que hay convocada también el 17 de febrero frente a la Delegación del Gobierno para reclamar que los transportistas de viajeros y de mercancías puedan jubilarse a partir de los 60 años. En este caso, la protesta se llevará a cabo en varias ciudades del país.