Preservar el modelo de inmersión lingüística es uno de los compromisos que tiene marcados el actual Govern. Este martes, el ejecutivo catalán anunció la aprobación un acuerdo para defender jurídicamente a los docentes y a los equipos directivos de los centros educativos que preserven la inmersión lingüística en la escuela pública, y que por lo tanto no acaten las sentencias judiciales que obligan a impartir el 25% de las asignaturas en castellano. 

La decisión se ha tomado este martes durante la reunión del Consell Executiu, con el objetivo «proteger» con todos los medios jurídicos a los docentes y al resto de personal de los centros públicos catalanes que preserven el catalán, frente a eventuales «ataques ilegítimos», según ha explicado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa.

Según este acuerdo, el colectivo de docentes contará con los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la Generalitat para protegerles y exigir «responsabilidad, ya sea por vía política, penal, administrativa o de otra naturaleza», en palabras de la portavoz. A su vez, el acuerdo prevé hacer rendir cuentas «por la vía correspondiente« a los responsables de ataques «a personas o colectivos por la defensa y el uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones».

Asimismo, Plaja ha asegurado que este pacto reafirma «la voluntad y el compromiso» del gobierno de Pere Aragonès con la escuela catalana y la enseñanza en esta lengua, que «ha tenido un papel relevante y ha acontecido una herramienta clave para garantizar la cohesión social del alumnado a lo largo de estos años».

También ha defendido que el actual sistema de inmersión «se basa en el principio de no-discriminación» por lengua y en el derecho y deber del alumnado de conocer «con suficiencia oral y escrita» tanto el catalán como el castellano al finalizar la escolarización obligatoria.

La portavoz del ejecutivo catalán también ha argumentado que la lengua catalana «todavía está lejos de ser normalizada» y ha puesto como ejemplo el porcentaje de sentencias judiciales en catalán, que suponen alrededor del 7% del total. También ha reivindicado la constitucionalidad y el consenso que suscita «entre los principales grupos parlamentarios y, sobre todo, en la calle». «Hay quién quiere intentar destruirlo, pero no se saldrán con la suya», ha recalcado.

El Tribunal Supremo rechazó en noviembre el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y estableció que las escuelas catalanas deberán hacer, como mínimo, un 25% de las clases en castellano. Entonces el Govern de Aragonès ya respondió asegurando que no haría ningún cambio.