El Congreso concluye que el PP ordenó el espionaje a Bárcenas con fondos de Interior y Rajoy y Cospedal lo sabían

Mariano Rajoy, a su llegada a la comisión sobre la trama Kitchen.
Mariano Rajoy, a su llegada a la comisión sobre la trama Kitchen.
EFE

El Partido Popular ordenó el espionaje a su extesorero Luis Bárcenas para después destruir las pruebas que podría tener contra la formación y los máximos responsables del partido, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, lo sabían. Es la principal conclusión a la que ha llegado la comisión del Congreso de los Diputados que ha investigado durante meses la trama Kitchen, cuyo dictamen final se votó este miércoles. El resultado de la investigación parlamentaria va así más allá de las decisiones del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Hasta ahora, el magistrado señala como "ideólogo" de la trama al ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que es el responsable político de más altura que queda en la causa. Castellón no imputó al expresidente y decidió exonerar a la exministra de Defensa, aunque está pendiente un recurso de Anticorrupción, que reclama que vuelva a estar imputada. 

La Comisión que investiga la Kitchen inició su camino hace un año, el pasado 22 de diciembre. Desde entonces, han comparecido en la misma los protagonistas de la trama, que habría sido sufragada con fondos reservados del Ministerio del Interior y habría tenido como principal objetivo eliminar las pruebas de la corrupción del PP. Empezó Bárcenas y terminó Rajoy. Entre medias, Cospedal y Fernández Díaz, pero también responsables policiales como el excomisario José Luis Villarejo o Eugenio Pino, jefe de la Policía bajo el mandato del PP. Finalmente, las conclusiones aprobadas son las presentadas por el PSOE, que contaron con los votos a favor de Unidas Podemos y Bildu, sumando 159. En contra hubo 149 votos, los de PP, Vox y Ciudadanos, y otros 29 votos fueron a la abstención (ERC, PNV y el Grupo Mixto). En todo caso, el texto definitivo se votará en Pleno en 2022.

Así, el texto de los socialistas señala directamente a Rajoy y a Cospedal, que son considerados como "responsables políticos máximos", aunque actualmente no están imputados. Con todo, ambos negaron en sendas comparecencias conocer la trama o que hubiera existido. Para García Castellón, el "ideólogo" de la trama -y la persona con un cargo de mayor rango que sigue procesada- es Fernández Díaz. En su último escrito, el exministro apuntó, como la comisión ahora -pero sin dar nombres-, a los intereses de la cúpula del PP. "Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionada ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que Bárcenas era el Tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior", rezaba el escrito en el que recurrió la decisión del juez de procesarle. 

El documento aprobado señala que la operación se dirigía desde la sede del PP, con el "conocimiento" de Cospedal, que se dedicaba a informar a Rajoy, y desde Interior, encargando Fernández Díaz a su ex número dos, el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, su puesta en marcha. Martínez sí está imputado por Castellón. Sobre el expresidente, el dictamen añade que se negó a asumir "alguna responsabilidad" y critica que "mintiera de manera abierta" al negar la existencia de la caja b en el Partido Popular "cuando hay dos sentencias que así lo concluyen". A Cospedal, incluso, la acusan de haber podido recibir "una copia" de la información sustraída a Bárcenas.

Además, también ve acreditado que los movimientos de la trama fueron sufragados con cargo a los fondos reservados del Estado. La Comisión habla del "descontrol absoluto de los fondos reservados" y de "despilfarro de dinero público".

El PP, por su parte, evitó pronunciarse tras hacerse públicas las conclusiones de la comisión Kitchen y desde Génova recordaron que desde febrero no comentan las noticias sobre presuntos casos de corrupción que circunscriben al pasado. Antes de acordar el dictamen la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, reiteró que la comisión ha sido una "causa general".

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