Dimite el responsable de inmigración italiano casado con una acusada de explotación

  • La investigación ha salpicado a 10 empresas agrícolas, una de ellas administrada por Rosalba Bisceglia, esposa de Michele di Bari.
Imagen de archivo de un jornalero y de Michele di Bari, responsable del departamento para las Libertades Civiles y la Inmigración del Ministerio del Interior de Italia.
Imagen de archivo de un jornalero y de Michele di Bari, responsable del departamento para las Libertades Civiles y la Inmigración del Ministerio del Interior de Italia.
Ministerio del Interior de Italia / Europa Press
Imagen de archivo de un jornalero y de Michele di Bari, responsable del departamento para las Libertades Civiles y la Inmigración del Ministerio del Interior de Italia.

El responsable del departamento para las Libertades Civiles y la Inmigración del Ministerio del Interior de Italia, Michele di Bari, ha dimitido este viernes después de que su esposa fuera investigada junto con otras personas por explotar supuestamente a extranjeros en el campo.

La ministra de Interior, Luciana Lamorgese, ha aceptado su renuncia, según han informado en un comunicado oficial.

Su dimisión se produce después de que en la mañana de este viernes se conociera una investigación contra 16 personas acusadas de formar parte de un sistema de explotación de migrantes en los campos agrícolas del área de la ciudad de Foggia (sur), en el "tacón" de la "bota" italiana.

Los carabineros (policía militarizada) han impuesto medidas cautelares contra los investigados: dos están en prisión cautelar -un senegalés y un gambiano-, tres están bajo arresto domiciliario y los 11 restantes deben firmar cada día en comisaría.

Entre los últimos figura Rosalba Bisceglia, la esposa de Di Bari, experto en Derecho de amplia carrera en la que ha sido delegado del Gobierno en ciudades como Módena (norte) o Reggio Calabria (sur).

Asimismo la investigación ha salpicado a 10 empresas agrícolas, entre estas una administrada por Bisceglia, que presuntamente habían puesto en marcha un sistema de explotación de jornaleros africanos, todos alojados en el asentamiento chabolista de Borgo Mezzanone.

Se trata de un sistema bien conocido en las campos de cultivo italianos, en el que las empresas adquieren mano de obra barata gracias a la mediación de caporales o capataces, que en muchos casos son también inmigrantes y que les someten a una dura explotación.

El Código Penal italiano sanciona con penas de entre uno y seis años de prisión a quienes recluten mano de obra "en condiciones de explotación" para destinarla al trabajo para terceros, "aprovechándose de la situación de necesidad" de los trabajadores.

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