El Gobierno condenó este jueves las amenazas recibidas por la familia de Canet del Mar (Barcelona) que logró que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligara a la escuela a la que asiste su hijo a impartir un 25% de las materias en lengua castellana, una medida que debía comenzar a aplicarse esta semana y contra la que algunos padres del mismo centro están recogiendo firmas.

En declaraciones a Al Rojo Vivo (La Sexta), el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, expresó que "cualquier acto de acoso o amenaza" es "lamentable". "Lo condeno", agregó Bolaños, para quien las distintas lenguas son una "riqueza" a "fomentar" que debería servir para "entendernos, dialogar y convivir", y no un elemento que deba emplearse para la "confrontación".

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, apuntó por su parte en unas declaraciones en Bruselas, donde asiste a una reunión de ministros de Interior de la Unión Europea, que "toda amenaza o posible amenaza" constituye un hecho "grave para la convivencia", por lo que "serán investigadas en su caso". "Tengamos confianza en la investigación", pidió.

Y la ministra de Justicia, Pilar Llop, trasladó "todo su apoyo" a la familia afectada y garantizó que estudiará el expediente del caso de acoso contra ellos.

El acoso comenzó la semana pasada. También en esas fechas, la secretaria general de la Consellería de Educación de la Generalitat de Cataluña, Patricia Gomà, instó a las familias de la escuela contrarias a aumentar las horas en castellano a "hacer público su rechazo". Gomà llegó a afirmar que la sentencia del TSJC que obligaba a dar más clases en castellano estaba "motivada por una familia concreta".

Días más tarde, este martes, la asociación Hablamos español presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña contra varios usuarios de Twitter que publicaron mensajes contra la familia como, por ejemplo, uno que rezaba: "Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian".

Ese mismo día, la portavoz del Govern catalán, Patrícia Plaja, censuró lo que calificó de "amenazas" de los internautas, y a diferencia de Gomà, reclamó "no poner el foco sobre una escuela concreta o un municipio concreto", si bien dijo que es una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias y alumnos que un solo alumno obligue a cambiar la lengua del resto".

Este jueves, el conseller de Educación del Ejecutivo catalán, Josep González Cambray, aseguró que en la escuela –donde ha aparecido una pintada que pide dar las clases en catalán– "no hay ningún problema por la lengua" y expresó su condena de "cualquier tipo de violencia y de amenaza a la convivencia", aunque reiteró que la sentencia es un "ataque intolerable" a la escuela catalana y se negó a responder a preguntas en castellano.

Desde las filas de la oposición, el PP catalán envió este jueves una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con el objetivo "de poner en su conocimiento el grave problema de libertades que vive Cataluña, especialmente en el ámbito educativo", y pedirle "que actúe para garantizar los derechos de esta familia catalana". Según la misiva, "en Cataluña la insumisión de los poderes públicos ha llegado al extremo de desatender la citada decisión judicial" del TSJC.

Ciudadanos también acudió al Defensor del Pueblo y reclamó reclamado una normativa para garantizar a los padres la libre elección de la lengua vehicular de sus hijos en la educación, mientras que Vox considera que este caso es "síntoma de lo mal que está España" cuando en una parte del país "no se puede enseñar a los niños en español ni siquiera el 25 % del horario lectivo", según señaló su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.